Buenos Aires.

La ex presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, denunció este martes que el gobierno de Mauricio Macri está montando un operativo de distracción con las denuncias que se presentan todos los días para esconder la catástrofe económica y social por medio de una denuncia por semana contra ella y otros ex funcionarios, con la complicidad de los medios de comunicación, a esta altura el único sustento de la ficción macrista.

En una larga nota en Facebook, aparecida mientras el ministro de Energía, Juan José Aranguren, exponía técnicamente sus razones para imponer un tarifazo impagable para la mayoría de la población en los servicios públicos ante el Congreso, la ex mandataria (2007-2015) reaccionó ante la persecución en su contra.

En las últimas horas un fiscal pidió que se le impute por traición a la patria, por haber firmado un memorando de entendimiento, para que los jueces de la causa por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita-Argentina, ocurrido en julio de 1994, pudieran interrogar a ex funcionarios iraníes, acusados sin pruebas por Israel y Estados Unidos de ser responsables. El memorando fue aprobado por el Congreso, pero nunca funcionó porque ambos países, especialmente Israel, se opusieron.

Al hacer un balance de lo realizado por su antecesor Néstor Kichner (2003-2007) y su gobierno, destacó: “disminuir una desocupación de dos dígitos a 5.9 por ciento –el registro más bajo de desocupación laboral desde décadas en Argentina–, generar más de 6 millones de puestos de trabajo y el mejor salario nominal en dólares y en paridad de poder adquisitivo de la región, incluir a más de 3 millones y medio de jubilados, logrando el 97 por ciento de cobertura previsional… restructurar la deuda soberana defaulteada más grande del mundo, con inédito porcentaje de quita, comenzando un periodo de desendeudamiento más importante de nuestra historia”.

La ex presidenta nombró a los fiscales que pretenden juzgar sus administraciones y la de su fallecido esposo, y advirtió que las últimas acusaciones se dan en el mismo momento en que el ministro Aranguren declaraba ante el Congreso por los aumentos de servicios públicos, como una manera de distraer a la sociedad.

El ministro dejó en manos de la Corte Suprema, a la que se presionó abiertamente en las últimas horas, a decidir qué hacer con los aumentos.

Fernández de Kirchner denunció también las represiones policiales de los últimos días, la prisión de trabajadores y la persecución política vía judicial. La mañana de este martes policías federales y miembros de la prefectura reprimieron a jubilados que protestaban en el Puente Pueyrredón.

Es la segunda represión fuerte en pocos días, después que el pasado día 12 la policía bonaerense actuó contra un grupo de vecinos en Mar del Plata que protestaban desde lejos durante la visita de Macri a una humilde pueblo del lugar.

Aunque nunca se acercaron al mandatario, se comenzó a acusar a los vecinos de un intento de agresión contra él, a los que el grupo contenido por la policía abucheó e insultó.

Un grupo de militantes de la organización Tupac Amaru comenzó la noche del martes una huelga de hambre y acampó en Plaza de Mayo, en demanda de la liberación de su dirigente Milagro Sala, detenida desde enero pasado en una cárcel de Jujuy y ahora en confinamiento en celda de castigo, por orden del gobernador de esa provincia del noroeste argentino.

Hay 11 detenidos de la Tupac Amaru, entre ellos el esposo de Sala, el periodista Raúl Noro. La también diputada del Parlamento del Mercado Común del Sur no ha podido asumir su cargo y su libertad ha sido solicitada por diversas instituciones internacionales y locales. También llegaron a la plaza sacerdotes de la opción por los pobres, como Eduardo de la Serna y Francisco Paco Oliveira.

Persecución contra abogados

Existe fuerte preocupación en las organizaciones sociales por la persecución que se ha desatado en el noroeste del país contra abogados, que acusaron a responsables de delitos de lesa humanidad y también de la persecución de testigos y víctimas sobrevivientes. Hay una escalada, denuncian los organismos, y advierten que este modelo no cierra sin represión.