a suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, propuso ayer una salida democrática a la crisis institucional que vive su país a raíz de la irrupción en el poder de una camarilla política que, por medio de una treta legalista, separó del cargo a la mandataria y lo entregó a Michel Temer: en una carta dirigida a los senadores y a la opinión pública, Rousseff propuso que el Senado se desista de realizar el inminente juicio político que se traduciría en su destitución y reconozca, ante las pruebas irrefutables, que no hubo crimen de responsabilidad, que soy inocente. La mandataria ofreció, si no resulta destituida, convocar a un plebiscito para que los ciudadanos decidan si se anticipan las elecciones presidenciales actualmente previstas para 2018. “Si se consuma el impeachment sin crimen de responsabilidad, tendríamos un golpe de Estado: el colegio electoral de 110 millones de electores sería sustituido por 81 senadores”, argumentó la presidenta.

El pasado 12 de mayo Rousseff fue separada temporalmente del cargo, a la espera de que el Senado decidiera si la sometía a juicio y la destituía en forma permanente. El presidente del Congreso, Eduardo Cunha, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) –hasta entonces su aliado–, inició el proceso en venganza porque el entonces gobernante Partido de los Trabajadores (PT, al que pertenece Rousseff) no detuvo una investigación contra el propio Cunha, quien ha sido denunciado por la Fiscalía de la República por la posesión de cuentas bancarias millonarias cuyos fondos proceden de maniobras corruptas en Petrobras.

Temer, entonces vicepresidente, fue puesto en el despacho presidencial por una coalición de legisladores aglutinada por el interés de preservar su impunidad en pesquisas por corrupción. En contraste, Rousseff está acusada, en forma por demás endeble, de maquillar cuentas públicas y de haber ejercido un gasto superior al que le fue autorizado por el Congreso.

Lo cierto es que el gobierno del PT fue interrumpido por un proceso formalmente apegado a las normas institucionales pero sin sustancia real; que una mandataria electa por la mayoría de los sufragios está a punto de ser destituida por la decisión de unos cuantos legisladores involucrados, en su mayor parte, en episodios fraudulentos, y que la jefatura del Estado recae, hoy por hoy, en un individuo que no fue electo para ese cargo. En tales circunstancias, la propuesta de Rousseff apunta a restituir el principio de la soberanía popular y a devolver a las instituciones al cauce de la democracia.

Por desgracia, son escasas las posibilidades de que la solución referida logre reunir en el Senado los votos suficientes para impedir el impeachment de la presidenta, por lo que el curso más probable es la consagración de una presidencia espuria, designada por una mafia oligárquica; todo indica, en resumen, que pese al llamado de Dilma Rousseff a la restauración de la normalidad democrática, el golpe institucional será pronto un hecho consumado. Cabe preguntarse si un gobierno así constituido podrá disponer, ya que no de legitimidad, al menos de cierto margen de gobernabilidad.