l lema Ni una menos se ha convertido en numerosas naciones de América Latina en aglutinante de movimientos sociales preocupados por la violencia que a diario se ejerce contra las mujeres, cuya intensidad no muestra signos apreciables de remisión; por el contrario, pese a las variadas campañas realizadas para combatir el fenómeno, éste conserva una perceptible tendencia ascendente. Ayer la protesta multitudinaria contra el maltrato a la mujer –y su expresión extrema, el asesinato–, así como la demanda de medidas orientadas a terminar con el mismo, se hicieron presentes en las calles de Lima, capital peruana, donde decenas de miles de manifestantes corearon consignas en favor de la igualdad de género y en oposición a cualquier forma de vejación y discriminación contra niñas y mujeres. Como en anteriores concentraciones llevadas a cabo en otros países, en ésta participaron personas y agrupaciones no siempre coincidentes en el plano de la política, pero que comparten la misma inquietud en torno a las prácticas violentas que también en Perú producen regularmente un alarmante número de víctimas. De hecho, hasta el flamante presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski, y varios personajes de su gabinete ministerial formaron parte de la marcha.

Resulta difícil establecer comparativos sobre las cifras que arrojan las estadísticas de violencia contra la mujer en diferentes áreas de la región latinoamericana, porque el porcentaje de hechos formalmente denunciados es variable, como lo son los modos de clasificar esos delitos que tienen las autoridades de cada país. Organizaciones de derechos humanos de Perú calculan –conservadoramente, dicen sus integrantes– que allí se cometen un promedio de 10 feminicidios al mes, a lo que deben sumarse dos decenas de intentos que no terminan con la muerte de las víctimas, pero sí dejan graves secuelas de orden físico y sicológico entre las agredidas y personas de su entorno. Además, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del país andino, hay datos que apuntan a una multiplicación de ese tipo de violencia, lo que lleva a du-dar de la eficacia de los mensajes que, por la dignidad y la seguridad de la mujer, se difunden a través de los distintos medios de comunicación. En lo que va de 2016 se han registrado en Perú más de 70 feminicidios, y un número no determinado con precisión, pero que en todo caso asciende a varios cientos, de ataques violentos contra mujeres de prácticamente todas las edades.

Como ocurre en otras naciones, las campañas –gubernamentales y de la sociedad civil– en favor del respeto a la mujer, por bien fundamentadas que estén, tropiezan contra una dura realidad que las autoridades generalmente se cuidan de admitir, y es que en el pensamiento social, en la vida cotidiana, en el hogar y el lugar de trabajo de millones de hombres (¡y mujeres!) que por lo demás son ejemplos del ciudadano promedio, el ejercicio de la coerción, la imposición y hasta cierto grado de agresión limitada son aceptados como parte de la vida real. Una empresa especializada peruana realizó recientemente en la zona metropolitana de Lima una encuesta según la cual 70 por ciento de los consultados encuentra plenamente justificable la violencia contra la mujer en ciertos casos (en primer lugar, la infidelidad), y más de 50 por ciento opina que cuando una mujer circula con minifalda está estimulando el acoso.