Las pensiones para los mexicanos deben determinarse con porcentajes diferenciados dada la desigualdad de ingresos de la población: para los trabajadores menos favorecidos económicamente deben fijarse en 90 por ciento de su sueldo y para los más favorecidos sólo en 50 por ciento, aseveró Carlos Lozano Nathal, presidente del Colegio Nacional de Actuarios (Conac). Tales porcentajes, sostuvo, deben comenzar a aplicarse para la llamada generación en transición, es decir, la que comenzó a cotizar antes de la Ley de 1997 con la que se crearon las cuentas individuales.

No podemos manejar el mismo promedio para todos porque la población no es promedio: hay unos muy abajo y otros muy arriba. No coincidimos en que se trate con el mismo rasero a la gente, que se vea a las personas como iguales sin que sean iguales. No debe haber pensiones de privilegio para nada, pero tampoco pensiones miserables, comentó el especialista.

Ese es uno de los puntos fundamentales de la propuesta integral para modificar el actual sistema de pensiones que el Conac ha trabajado durante 10 meses con especialistas en demografía, economía, mercados laborales, derecho y seguridad social de instituciones como la UNAM, el Colegio de México o el Colegio de la Frontera Norte.

El documento comenzó a circular entre cámaras empresariales y legisladores federales, pero será presentado públicamente antes de que concluya este mes, adelantó Carlos Lozano Nathal, en entrevista con La Jornada.

Incrementar las contribuciones para las pensiones es una solución fácil y ya basta de implementar soluciones fáciles en este país. Si se va a subir el monto de las contribuciones hay que preguntarse quién puede ahorrar, porque mucha gente no puede hacerlo, menos con tantos millones de pobres y trabajadores informales. Hace falta análisis y espulgar todas las opciones para la sociedad mexicana para que quedemos conformes con las modificaciones que se produzcan, comentó el especialista a propósito de la recomendación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre incrementar las contribuciones, que también ha planteado el gobierno federal.

Estaríamos creando un sistema discriminatorio en función del sueldo porque nada más los mexicanos que tengan un trabajo formal y estabilidad son los que gozarían de esa pensión, es decir, apenas 30 por ciento de todos los mexicanos que trabajan tendrán derecho a una pensión, agregó.

Aumentar o no las cuotas para las pensiones no resuelve el problema porque 60 por ciento de los 52 millones de personas ocupadas están en la informalidad. Subir las contribuciones tampoco generará pensiones suficientes para todos los trabajadores formales y sólo los jóvenes tienen más probabilidades de mejorar las suyas, abundó.

Integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social AC, en una manifestación frente a la Cámara de Diputados, en imagen de archivoFoto Francisco Olvera

El monto de una buena pensión debe servir para mantener el mismo nivel de vida que tuvo el trabajador mientras estuvo en activo y se debe calcular a través del padrón de gastos y las estadísticas del Inegi al respecto, explicó. Deben cubrirse, dijo, los déficits que prevalecen en las pensiones porque de esperarse que representaran 60 por ciento del monto del salario, sólo equivalen a 25 por ciento y hay que resolver cómo cubrir el 35 por ciento restante.

Aseveró que la mayor parte debe cubrirla el patrón y en eso coincide la propuesta del Conac con la OCDE e incluso con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Sin embargo, acotó que cada empresa debe decidir en libertad si aporta a una cuenta individual del trabajador o a un plan solidario en la medida de sus posibilidades y para no incrementar sus costos de producción.

¿De cuánto debe ser una pensión? Ésa es la parte clave. Una pensión tiene que variar entre 90 y 50 por ciento del sueldo. El 90 por ciento se le tiene que dar a los menos favorecidos económicamente y 50 por ciento para los más favorecidos, insistió.

Sentenció que tales porcentajes deben comenzar a aplicarse en las pensiones de la llamada generación en transición, que por haber comenzó a cotizar antes de la creación en 1997 de las cuentas individuales tiene la opción de jubilarse con la ley de 1973. Según Lozano Nathal no se trata de hacer retroactiva la ley porque en realidad para los trabajadores de dicha generación, el tope de 25 salarios mínimos para jubilarse es una expectativa, una promesa porque todavía no tienen vigentes sus derechos en tanto que todavía no se retiran.

También los trabajadores deben concientizarse al respecto, porque son ellos los que envejecen y deben incrementar su aportación para que represente entre dos y tres salarios, en tanto que consideró que el gobierno debe aportar menos y se debe ser solidario con él.

Con la Ley del 73 es muy probable que las pensiones de los salarios más bajos se vayan arriba de ciento por ciento del salario y ahí se tiene que ajustar para ponerla a 90 por ciento. Pero resulta que a los que tienen los más altos sueldos y más formas de ahorrar se les está dando hasta 60 por ciento con la ley anterior, entonces debe reducirse a 50 por ciento. Eso produciría ahorros con respecto a la generación en transición y se provee a los trabajadores de pensiones suficientes para mantener su nivel de vida, añadió.