egún cifras obtenidas a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente a abril-junio de 2016, más de 300 mil personas se incorporaron a las filas del empleo informal en relación con el mismo periodo de 2015. Al día de hoy, el número de trabajadores que ha encontrado refugio en la informalidad asciende a 29 millones 412 mil 185, equivalente a 57.2 por ciento de la población económicamente activa.

ara Rachel las amenazas en su trabajo fueron el motivo por el cual salió huyendo de un lugar que está entelarañado de delincuencia organizada. Ella trabajaba de mesera en el bar llamado La Jarra, ubicado en la primera avenida de Tegucigalpa, Honduras. La Mara 3 le propuso que, como trabajadora de ese lugar, interviniera para abrir la plaza de venta de drogas. “Les dije que no podía hacer eso, porque trabajaba en la zona de la Mara 18 y vivía en una colonia dominada por la Mara 13. Me insistieron hasta tres veces sobre el trabajo que me ofrecían, pero como siempre me negué, me acusaron de que trabajaba para la Mara 18, y por tanto, me dijeron que me daban un día para irme de ese lugar”, relata la joven que, en ese tiempo, apenas tenía 17 años.

l 24 de julio pasado se publicó la reforma del artículo 73, fracción XXIX-X, de la Constitución, mediante la cual el Congreso de la Unión se dio facultades explícitas para fijar las obligaciones que deben observar de modo concurrente las autoridades federales, locales y municipales en materia de derechos de las víctimas. Esto no era necesario, porque ya existe una ley general, la que impulsó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, junto con miles de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, que el Ejecutivo federal publicó el 9 de enero de 2013, después de una larga y ajetreada polémica con el entonces saliente presidente Calderón, que de facto la vetó. ¿Entonces por qué publicar esa reforma constitucional en este momento? Una clave para entender el cambio introducido por esa reforma constitucional es recordar que con la primera Ley General de Víctimas hubo gobernadores que cuestionaron los alcances garantistas de esa norma y decidieron crear leyes de víctimas locales con menos derechos y mecanismos de garantía más débiles que los previstos a nivel federal, pese a que tales derechos para todas las víctimas federales y del fuero común ya estaban vigentes desde la publicación de la ley general.

oras después de que la presidenta Bachelet ajustó el sistema pensionario chileno (9/8/16), el secretario Videgaray ofreció, finalmente, un amplio debate en la materia para que, en México, los trabajadores aporten más.

onfieso que lo he intentado. De mil maneras. Modelos econométricos que relacionan el riesgo país de Venezuela con cualquier variable económica que se le ocurra. Lo hice tal como mandan los cánones neoliberales. Usé todos los manuales ortodoxos que uno pueda imaginar. Lo primero fue seguir la propia definición convencional del término. El riesgo país es un indicador financiero que mide la probabilidad de pérdida que puede sufrir un inversionista al invertir en deuda emitida por un país en los mercados internacionales de capital. Según esto, lo primero fue relacionar el riesgo país con el pago de la deuda externa. Pero no. No salió correlación. Todo lo contrario. Venezuela, pagador serial de deuda externa, sin incumplimiento en estos últimos años, sufre el mayor incremento de riesgo país en relación con cualquier otro caso mundial.

a Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió una recomendación al titular del Ejecutivo federal para que presente una iniciativa de ley que exija que los pueblos indígenas sean consultados cuando se lleven a cabo proyectos que afecten sus tierras comunales o sus poblaciones; el exhorto llega demasiado tarde para muchas comunidades, amén de que no parece probable que venga de Los Pinos una legislación en ese tenor, ahí tienen los ojos puestos en inversiones extranjeras, minas, petróleo, electricidad y otros grandes negocios.