Especialistas e investigadores afirmaron que los efectos generados por la implementación de la reforma educativa, discutida y aprobada en 12 días por un acuerdo entre partidos políticos que hoy ‘‘están llamando a modificar lo mismo que votaron’’, han generado múltiples afectaciones no sólo a los derechos laborales del magisterio, sino a las propias escuelas, que se acercan ‘‘peligrosamente a su charterización (privatización)’’, y al papel del maestro como agente del cambio social.

Reunidos en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) para analizar las modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucionales, y su impacto en la educación superior, destacaron que se enfrenta una reforma que es resultado de un largo proceso sociohistórico.

No se trata, dijeron, de un proyecto que se inició en diciembre de 2012, sino se remonta al menos a dos décadas antes. Su antecedente más visible es la llamada Alianza por la Calidad de la Educación, de 2008, así como las múltiples reformas curriculares de educación básica y media superior que se aplicaron en México desde el sexenio foxista.

En mesas de debate, donde se discutió desde la función social de las universidades ante la reforma educativa, y la necesidad de que ‘‘no permanezcan en silencio si no queremos conceder callando’’, hasta los retos que implican las políticas públicas de financiamiento para la formación universitaria, las investigadoras Lucía Rivera y Tatiana Coll, expertas en el sistema educativo, analizaron los principales ejes de la reforma educativa.

Destacaron que más allá del concepto de calidad educativa que se busca emplear para justificar las principales modificaciones constitucionales a la normatividad que rige al sector, la evaluación se ha convertido en uno de sus elementos más visibles; sin ser el único, ‘‘ha generado múltiples opiniones y rechazos, pues se ha evidenciado que más que un proceso cotidiano de enseñanza-aprendizaje se ha convertido en un enjambre de artimañas’’.

Lucía Rivera destacó que la evaluación, tal como está planteada en la Ley General del Servicio Profesional Docente, ‘‘es un enredo en el que a nadie le puede ir bien. Se trata de un proceso de precariedad laboral que se está viendo como algo normal en el sistema educativo’’.

A su vez, Tatiana Coll destacó que la evaluación impuesta desde el gobierno federal es un ejercicio de ‘‘poder” que depende de un sistema muy articulado construido a lo largo de décadas, y que ‘‘está generando los resultados que ellos esperaban, porque entre otras falacias es evidente que el Estado nunca perdió la rectoría del sistema educativo’’.

Agregó que han sido los propios organismos responsables de su implementación, como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), los que ‘‘han tenido que reconocer que se cometieron errores’’.

Algunos de ellos, afirmó, llegan al absurdo de plantear una evaluación obligatoria en cuatro fases, entre ellas aplicar un examen estandarizado, pero también elaborar reportes de aprovechamiento de alumnos, de planeación pedagógica y de desempeño docente, lo que generó, estimó, más de un millón 500 mil cuartillas tan sólo de los 150 mil maestros que ya fueron evaluados.

Por ello cuestionó el esquema aplicado, pues destacó: ‘‘Cabe preguntarnos qué evaluadores leyeron esa cantidad de material, y cómo aseguraron criterios objetivos y respetuosos de la diversidad socioeconómica en que se desempeñan miles de profesores’’.