n Apango, cabecera municipal de Mártir de Cuilapan, donde un grupo exige la destitución de la alcaldesa Felicitas Muñiz Gómez, la violencia ha crecido a un nivel que se pudo evitar. La temperatura del horno subió porque alguien no hizo su trabajo, no asumió su responsabilidad.

Al vencer el ultimátum que dieron los inconformes al gobernador Héctor Astudillo Flores para que solucionara el conflicto, la Fiscalía General del Estado (FGE) aprehendió al ex presidente municipal Crisóforo Nava Barrios, acusado de despojo y señalado como impulsor de las protestas contra la primera autoridad municipal.

Nadie puede pensar que haya sido una mera coincidencia que la detención se realizara el día en que el gobierno estatal debía dar respuesta –según los enemigos de Muñiz Gómez– al problema que tiene en jaque a la ciudad. Más bien, la creencia es que esa fue la reacción gubernamental a lo que podría entenderse como presión y amenaza de los inconformes, que derivó en disturbios.

El asunto no es determinar si la alcaldesa es culpable de corrupción; tampoco si el Congreso debería conducir el juicio de alguna manera o si el gobierno estatal debió proceder de otra forma. El punto es que el Congreso frenó el procedimiento que llevaba a cabo y la Secretaría General de Gobierno, responsable de la política interior del estado, se mantuvo omisa, dejó hacer y pasar, aunque día con día se elevaba la inconformidad del grupo opositor hasta llegar a apedrear casas e incendiar vehículos.

A última hora, ingenuamente, la FGE, una entidad autónoma, independiente de la administración estatal, interfirió en un problema que tocaba resolver al Poder Legislativo junto con el Ejecutivo. Detuvo al ex alcalde y el grupo opositor, lejos de intimidarse, como alguien esperaba, se creció al castigo y puso de cabeza la ciudad.

Será ahora, en una eventual etapa de la negociación, cuando pudiera surgir algún arreglo, pero desde el inicio del problema se vislumbró que la idea de Congreso y Ejecutivo era sostener a la alcaldesa. Falta ver qué caminos tomarán quienes respaldan a Muñiz Gómez y aquellos que exigen su salida.