Al cumplirse dos años de que la mina Buenavista del Cobre (BDC), subsidiaria de Grupo México, derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, las promesas de remediación del gobierno y la empresa siguen pendientes.

Los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder) precisan en un balance que no se han instalado las plantas potabilizadoras de agua; la agricultura y la ganadería siguen afectadas y no se da seguimiento a la salud de las víctimas, entre otros aspectos.

Aseguraron que el flujo de tóxicos llegó a los referidos ríos por la falta de cumplimiento, por parte de BDC, de la normatividad ambiental para el manejo de lixiviados, y por utilizar instalaciones que estaban en construcción, sin permisos para operar y que además no contaban con sistemas de detección ni de control de derrames.

Remarcan que la empresa no se ha hecho cargo de la remediación ambiental del desastre causado, ha ocultado información y dos años después afirma que el caso está cerrado, el río está limpio y que ya no entregará más recursos al fideicomiso que creó junto con el gobierno para dar atención a los afectados.

Ante esta situación los habitantes de las zonas afectadas se organizaron en los CCRS para defender sus derechos básicos y conseguir una remediación integral de la zona. Estos son integrados por habitantes de los siete municipios que sufrieron los efectos del flujo tóxico: Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures.

Hasta ahora sólo se ha instalado una planta potabilizadora de las 28 que prometió para este agosto el secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, en febrero de 2016. La única planta construida no está en funcionamiento por falta de pago de la energía eléctrica para su operación; el Fideicomiso Río Sonora debería hacerse cargo de estos gastos.

Sin las plantas potabilizadoras, los afectados continúan comprando agua embotellada y con la incertidumbre de no saber si el líquido que consumen está contaminado con metales pesados.

Detallan que la economía del río Sonora se basa fundamentalmente en el sector primario, y éste se ha visto fuertemente afectado por el derrame. Los consumidores de carne y ganado en Estados Unidos evitan comprar la marca Río Sonora por miedo de que esté contaminado.

Además los productores de ajo, especie endémica de la cuenca de los ríos Bacanuchi-Sonora, perdieron la semilla y se vieron obligados a comprarla. En tanto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación incumplió el Programa de Reactivación Agropecuaria que prometió a los productores de los siete municipios afectados.

A largo plazo se prevé un aumento en la venta de tierras de los pequeños propietarios, el abandono de la actividad agropecuaria y un repunte de la migración hacia Estados Unidos.

Además, la clínica provisional cerró el 30 de junio de 2016, a pesar de que en los reportes oficiales la cifra de personas afectadas va en incremento. La Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora no se construirá, ya que BDC ha retirado su apoyo económico.