on los recientes gasolinazos y tarifazos eléctricos (es decir, los que ya no habría, según anuncio de Peña Nieto) se intensificó el peloteo entre gobierno y partidos políticos, entre funcionarios y legisladores, quienes se echan la culpa entre sí por tales aumentos.

Si se atienden las versiones de unos y otros, entonces el resultado es simple y diáfano: son los consumidores, y únicamente ellos, los responsables de tales incrementos, y como siempre son los malos de la película, porque el inquilino de Los Pinos nunca mintió (versión oficial).

Pero en el jaloneo y el lavado generalizado de manos, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se le ocurrió citar a comparecer el próximo martes al secretario de Energía, al subsecretario de Ingresos de Hacienda y a los directores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que expliquen las razones que llevaron al gobierno federal a incrementar los precios de la gasolina y las tarifas eléctricas.

Fueron citados todos los funcionarios presuntamente involucrados en tales manejos… menos el verdadero responsable, tal vez el único, que no es otro que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el abajo firmante de cuanto decreto y/o acuerdo emitido por el gobierno federal en materia de aumento de precios y tarifas del sector público, como en el reciente caso de gasolinas, diésel y electricidad.

Todos, pues, menos el que debe dar explicaciones, pero es tal el esmero con el que el inquilino de Los Pinos lo cuida, que a estas alturas Videgaray se confirma, por si hubiera duda, es el Juan Camilo Mouriño del sexenio peñanietista, es decir el que hace y deshace –esto último en mayor medida– ante la paternal sonrisa y aval de quien, se supone, es su jefe. Enorme y creciente ha sido el costo político que Peña Nieto ha pagado por la permanencia de ese personaje, pero todo indica que lo seguirá haciendo.

Parece que en el Congreso no registran (o fingen no hacerlo) que, más allá de la palabra presidencial incumplida, el brutal aumento de los precios de los combustibles y de las tarifas eléctricas forma parte de la política económica y no de la política energética del país, de tal suerte que tres de los cuatro funcionarios que comparecerán ante el Legislativo no tienen vela en este entierro, salvo a la hora de llevar a la práctica el decreto y/o el acuerdo firmado por el secretario de Hacienda, el cual, hasta donde se sabe, es Luis Videgaray, el autodenominado ministro del (d) año, o, lo que es lo mismo, el funcionario que no comparecerá.

A verse la cara, en el más amplio sentido de la palabra, al Congreso acudirán Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía; Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos; José Antonio González, director general de Petróleos Mexicanos; y Jaime Francisco Hernández Martínez, flamante director de la Comisión Federal de Electricidad. Nada más. ¿Y el que autoriza y firma los aumentos?

¿Qué sucederá en la comparecencia del próximo martes? ¿Cuál será el resultado? Pues lo de siempre: nada y ninguno, porque más allá del circo controlado los aumentos a tarifas eléctricas y precios de los combustibles permanecerán, al tiempo que los funcionarios participantes hablarán maravillas de la reforma energética y de los bien que el inquilino de Los Pinos ha hecho las cosas, ergo, el consumidor es el culpable.

Tras el tarifazo eléctrico de julio pasado, el todavía director de la CFE, Enrique Ochoa Reza (ahora de bebesaurio en el PRI) reclamó a quienes se quejaban del ramalazo, pues los hogares de bajo consumo no tienen afectación. Y tras el de agosto, el nuevo director de la empresa, Jaime Francisco Hernández Martínez, dijo lo mismo, palabras más o menos. De hecho, los voceros oficiales y los oficiosos se encargaron de asegurar que 90 por ciento de los usuarios del servicio eléctrico no tendrá incremento tarifario.

Bien, pero ambos personajes sólo mencionaron una parte de la ecuación: dicen que los hogares de bajo consumo no tendrán afectación (ojalá cumplan), pero éstos (que representan, en efecto, cerca del 90 por ciento del total), junto con el resto de consumidores residenciales, apenas significan 25 por ciento de las ventas al público de la CFE, de acuerdo con la estadística de la Cámara de Diputados.

El 75 por ciento restante lo capta de los consumidores industriales (50 por ciento de las ventas totales; uno por ciento de los consumidores), comerciales, agrícolas y de servicios, que sí serán impactados por el alza tarifaria, sectores que, como es tradición, trasladarán el aumento –más el correspondiente a los combustibles– a todos los consumidores.

De cualquier suerte, con o sin estadísticas, desglose de costos y precios, comparativo tarifario internacional, cartera de clientes, etcétera, etcétera, el hecho no se modifica: el responsable de los aumentos de los precios de los combustibles y de las tarifas eléctricas, Luis Videgaray, será el único que no asistirá a la comparecencia del próximo martes, porque nadie lo convocó. El ministro, pues, entre algodones como si se tratara del bien más (des) preciado de la nación, como Felipe Calderón con su amado Juan Camilo Mouriño.

Y como el mimado ministro del (d) año todo lo hace muy bien (versión oficial), el Bank of America se sumó a los tijeretazos practicados por otras institucionales nacionales y foráneas, y ayer redujo su pronóstico sobre el crecimiento económico de México en 2016. De acuerdo con sus cálculos, si bien va, el PIB a duras penas avanzaría –por decirlo así– 1.9 por ciento (la estimación previa era de 2.3 por ciento). El recorte, aclaró, refleja la desaceleración que ya ha ocurrido, pero también que seguimos esperando una actividad económica débil.

De concretarse la nueva proyección del Bank of America (en línea con la de otras instituciones), en cuatro años de gobierno peñanietista la economía habría crecido a un ritmo anual de 1.9 por ciento, la misma proporción que en tiempos del marido de Margarita, pero sin reformas.

Las rebanadas del pastel

A dos años del peor desastre ambiental de la industria minera del país, en Buenavista del Cobre, Cananea, el Grupo México y su tóxico dueño Germán Larrea se mantienen impunes. El Sindicato Nacional de Mineros, presidido por Napoleón Gómez Urrutia, denuncia que los ríos Sonora y Bacanuchi siguen contaminados, así como las presas, la fauna y los medios de subsistencia, al tiempo que, lo más grave, avanzan los daños a la salud de las personas. Esta organización fue la primera en presentar una firme denuncia penal por negligencia criminal en este asunto.

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