os carros alegóricos que han sacado a pasear los gobernadores saliente y entrante de Veracruz son grotescos. Uno a otro se acusan de grave corrupción, por sí mismos y con la participación de colaboradores cercanos y familiares, en unas carnestolendas a destiempo que, a fin de cuentas, sólo prueban y comprueban a los ciudadanos el tamaño del saqueo crónico, hoy uno (Javier Duarte de Ochoa) como mandatario en funciones; ayer, otro (Miguel Ángel Yunes Linares) como funcionario federal que entre otros cargos tuvo la exprimible dirección del Issste.

Yunes Linares, el ahora panista (antes priísta), hizo que cayera el todopoderoso secretario de Seguridad Pública del desgobierno al que le quedan poco menos de cuatro meses en funciones (el cambio será el próximo primero de diciembre). Arturo Bermúdez Zurita (nacido en la Ciudad de México, el 6 de enero de 1967) no pudo ser sostenido en el cargo a pesar de la desmesurada protección que siempre le prodigó Duarte de Ochoa. Licenciado en ciencias administrativas por la Escuela Bancaria y Comercial, Bermúdez Zurita fue exhibido como propietario de por lo menos 19 bienes inmuebles en Estados Unidos y México, propietario además de 24 empresas cuyos rubros sugieren posibilidades de beneficio directo a partir de contratos gubernamentales e incluso de lavado de dinero y otras actividades delictivas.

Buena parte de la tragedia veracruzana se puede analizar a la luz de la develación del amasamiento de riqueza del máximo jefe policiaco de una administración bajo permanente acusación de criminalidad y asociación con cárteles. Duarte de Ochoa mantuvo en tan delicado cargo a un personaje que se enriquecía aparatosamente mientras manejaba la estructura policiaca conforme a conveniencias suyas y de sus socios. Miles de veracruzanos se han quejado a lo largo del sexenio que está por terminar, y del anterior, el encabezado por Fidel Herrera Beltrán, de que las policías han sido puestas al servicio no solamente del mejor postor sino, en específico, del crimen organizado. En esa entidad es común y corriente escuchar que los gobiernos mantienen pactos con determinados grupos delictivos, en concreto con Los Zetas.

Pedir protección policiaca, denunciar infracciones a la ley y exigir atención para secuestros, levantones y asesinatos ha sido una tragedia para los veracruzanos, porque las autoridades ante las que han acudido suelen mostrarse como parte de la criminalidad denunciada. En ese contexto se han producido secuestros y asesinatos de periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales (¿esto animará a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, y al juez correspondiente, a reconsiderar el factor Veracruz en los asesinatos de la colonia Narvarte?). La barbarie vivida en aquella entidad en los dos sexenios recientes puede entenderse a partir de historias como la de Bermúdez Zurita y Duarte de Ochoa (en el periodo de Miguel Alemán Velasco, el secretario de Seguridad Pública, poderoso e inamovible, fue Alejandro Montano Guzmán; por cierto, dos escoltas del empresario y ex gobernador murieron ayer, luego de enfrentarse a balazos entre ellos).

El caso veracruzano permite preguntarse si tales pautas de conducta se han extendido y han escalado. Es decir, siendo el crimen organizado uno de los principales negocios políticos del país, hay demasiadas evidencias de que los jefes de las fuerzas policiacas son utilizados en gobiernos municipales y estatales como prestanombres, recaudadores y ejecutores, alejados por completo, contrapuestos, en realidad, de los intereses de la población, de su salvaguarda y ayuda. Y, dado que el gobierno de Duarte de Ochoa ha gozado de tanta cercanía con el federal, no resulta improcedente figurarse que prácticas de este tipo van de la periferia al centro y al contrario.

Evidencias de esa interacción las ha dado el propio Duarte de Ochoa, quien acusó previamente a su odiado sucesor, Yunes Linares, de enriquecimiento inexplicable. Según lo denunciado, el ahora panista adquirió propiedades inmobiliarias por 300 millones de pesos en un lapso de dos años. La aureola de la alternancia partidista y el hartazgo generalizado contra Duarte de Ochoa hacen que tengan menos relevancia las acusaciones de quien no por ser quien es ha de mentir obligadamente en todo. Verdades hay, sin duda, en los señalamientos del priísta impresentable contra el panista que también lo es. Inocultable el enorme enriquecimiento de estos Yunes, con uno de los hijos del ahora gobernador electo como operador financiero. Triste destino de los veracruzanos en este duelo de rapacidad desde el poder.

Mientras crecen la animadversión e incluso la repulsión republicanas a la forma en que ha ido desarrollando su campaña en el tramo reciente el candidato Donald Trump y se habla incluso de la posibilidad de que sea sustituido, mediante un mecanismo aún no precisado, ha salido a escena, a sus 86 años, el actor y director Clint Eastwood: todo el mundo va por ahí en su cascarón. La gente acusa a otros de racistas y todo tipo de historias. Cuando yo era joven, esas cosas no eran racistas. Y es que, dijo en una entrevista quien protagonizó Harry el sucio: “Secretamente todo el mundo está cansado de la corrección política (...) Esa es la generación lameculos en la que vivimos. Estamos ante la ‘generación pussy’” (acepción inglesa que significa cobarde, pero también vulgarismo que hace referencia al órgano sexual femenino). “Es toda esa gente que dice ‘Oh, no puedes hacer esto o lo otro; no puedes decir eso’. Supongo que son los tiempos” (la traducción y el paréntesis de explicación han sido tomados de El diario http://goo.gl/bqsj1F ).

Y, mientras las vacaciones de Peña Nieto cambiaron de sede, pues en Cozumel amenazaba el huracán Earl, por lo que hubo de moverse al siempre calientito (no sólo en términos de estricta temperatura física) Mazatlán, ¡hasta el próximo lunes, con el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, filosofando, desde las alturas de la ley Bala, sobre las políticas de la zanahoria y el garrote!

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