Más de 60 organizaciones sociales agrupadas en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza advirtieron ayer que la desmedida campaña publicitaria de los programas sociales gubernamentales, difundida en los días recientes, parece tener la intención de modificar las respuestas sobre las carencias en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016, que podría aplicarse durante la segunda semana de agosto.

Asimismo, demandaron una estrategia de Estado para enfrentar la miseria y la desigualdad, y terminar con estos flagelos en una generación. Mientras tanto, consideraron urgente aumentar el salario mínimo antes de terminar el año e iniciar su recuperación gradual para lograr que quien trabaje no sea pobre.

Respecto al diferendo entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre la medición de la pobreza, estimaron adecuada la decisión de no usar los datos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 –motivo del choque–, aunque dijeron que es necesario dar mayor explicación sobre el grupo técnico de trabajo conjunto anunciado. Es importante precisar sus objetivos, alcances, formas de trabajo y calendario, y que se incluya la participación de expertos independientes, subrayaron.

Cabe recordar que el choque entre los dos organismos ocurrió cuando el Inegi informó el mes pasado que el ingreso en los hogares ricos era 20 veces mayor al de los pobres y que el de los sectores más pobres creció. Los cambios metodológicos que arrojaron estos resultados generaron la crítica del Coneval y de diversos actores, que calificaron esos criterios como poco transparentes.

En un pronunciamiento, las organizaciones sociales estimaron que la intención de cambiar respuestas en el próximo sondeo explicaría por qué se difunde que las beneficiarias de los programas alimentarios ahora ya comen sano, variado y suficiente o la urgencia por certificar como educación prescolar la asistencia a guarderías y estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Señalaron que las medidas promocionadas pueden ser positivas, pero en su mayoría son de muy bajo impacto en el ejercicio de derechos sociales o en la modificación a fondo de las condiciones de vida de las personas. Ejemplificaron que una estancia infantil es la misma, aunque hoy se le llame educación preescolar.

Los colectivos exigieron una estrategia de Estado frente a la pobreza y la desigualdad, en la que se evite el clientelismo y el uso político de los programas sociales; se termine la dispersión de estos, y se evite que los esfuerzos se concentren en cómo modificar de manera aislada las variable usadas en la medición de la pobreza.

Por lo pronto, para avanzar en el combate a la miseria, propusieron como medida urgente un aumento al salario mínimo.