La Comisión Permanente del Congreso demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) que agilice las investigaciones sobre la ordeña de ductos y presente un informe detallado sobre las acciones penales realizadas para acabar con las tomas clandestinas de hidrocarburos, ya que ese delito se ha incrementado y el año pasado ocasionó pérdidas de 17 mil millones de pesos a Petróleos Mexicanos (Pemex).

En el dictamen aprobado ayer la Permanente señala que el robo de combustibles ha crecido, toda vez que mientras en 2010 sólo existían 429 tomas clandestinas, para 2015 había ya 5 mil 574; sin emabrgo, sólo 1.6 por ciento de las denuncias presentadas por Pemex concluyeron en procesos penales.

La falta de efectividad de las instituciones de seguridad y procuración de justicia contribuye a que el delito siga a la alza en el país. Estos elevados niveles de impunidad han alentado además el crecimiento de la corrupción dentro de Pemex, advierte la Permanente.

Hace notar que a las pérdidas por el robo de combustible se suman la inversión que Pemex debe realizar para reparar la infraestructura afectada cotidianamente por el crimen organizado.

La Comisión Permanente remarcó el auge de este delito, pues mientras en 2010 existían 429 tomas clandestinas para 2015 había 5 mil 574 y en el primer trimestre de 2016 se incrementaron en 23 por ciento con relación al mismo periodo del año anterior.

Debido a la alta incidencia de ilícitos, de enero de 2006 a diciembre de 2012 Pemex presentó 6 mil 138 denuncias por robo de hidrocarburos, de las cuales 4 mil 287 fueron por tomas clandestinas.

Sin embargo, hasta febrero de 2013 sólo mil 624 denuncias estaban en la etapa de integración de averiguación previa, 135 en procesos abiertos y 69 en procesos concluidos. Ello revela que solamente 1.6 por ciento de las denuncias concluyeron el proceso penal.

La comisión argumenta que esos elevados índices de impunidad han provocado, además, el crecimiento de la corrupción dentro de Pemex. De 2006 a 2014 la empresa interpuso 141 denuncias ministeriales contra empleados y ex empleados que participaron o fueron cómplices en el robo de hidrocarburos.