El financiamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) depende de la recaudación de cuotas obrero-patronales. Con esos recursos se garantiza la prestación de los servicios médicos y el cumplimiento de las obligaciones que el organismo tiene con sus trabajadores, por lo que es inaceptable que las empresas pretendan suspender el pago de sus aportaciones, afirmó el director, Mikel Arriola.

Si eso ocurriera, el instituto y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), como autoridades recaudatorias, tienen las facultades que les otorga la ley para aplicar multas y sanciones ante cualquier incumplimiento, indicó el funcionario al referirse al planteamiento de organismos empresariales de suspender los pagos de impuestos y obligaciones con el Seguro Social, como medida de protesta por las afectaciones que les han causado las movilizaciones y bloqueos de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en varios estados.

En entrevista al término de la ceremonia de reconocimiento al desempeño de personal médico y de enfermería, Arriola resaltó que el IMSS pagará este año cerca de 70 mil millones de pesos en pensiones y debe cumplir con la prestación de servicios médicos de 71 millones de derechohabientes.

Por eso ‘‘tenemos que ser muy certeros en garantizar el patrimonio del instituto y a la vez respetar el punto de vista de cualquier ciudadano respecto de sus obligaciones fiscales’’, sostuvo.

Si los patrones dejan de cubrir las cuotas que les corresponden respecto del IMSS, estarían incumpliendo una obligación fiscal, la misma que ‘‘tenemos todos de pagar impuestos. A los asalariados nos retienen de nuestros cheques tanto las cuotas como los impuestos’’, insistió.

En otro tema, comentó que la formalización en la Ley del Seguro Social de la medida para que las trabajadoras puedan disponer de 10 semanas de licencia por maternidad después del parto (en lugar de seis), dependerá de que en el Congreso de la Unión se apruebe la reforma legal respectiva.

Recordó que a partir del primero de julio el instituto adoptó esta medida, con lo que las mujeres pueden seguir laborando hasta dos semanas antes de la fecha prevista del parto y pasar más tiempo con sus hijos. Lo mismo tendría que ocurrir con alguna ampliación en el periodo de la licencia de maternidad, la cual actualmente es de 84 días, apuntó.