l reciente incremento del precio de las tarifas eléctricas pone en la mesa de discusión, además de las promesas incumplidas de Peña Nieto de bajar el precio de la electricidad, el asunto de al servicio de quién está la recientemente privatizada industria eléctrica en México. No en este pasado reciente, ni durante el periodo neoliberal, sino desde su nacionalización –no expropiación–, en 1960.

A lo largo de un largo periodo que abarca ya más de un siglo, desde la llegada a México de la legendaria empresa canadiense The Mexican Light and Power Company Limited en 1903, el precio de las tarifas fue la herramienta favorita de capitalización y obtención de ganancia rápida de las compañías extranjeras. Durante casi medio siglo, la relación precio-costo de las tarifas permitió a la Mexlight y a la American Foreign Company obtener elevadas ganancias a costa de los consumidores domésticos, sin importarles el desarrollo nacional.

En esa etapa inicial la relación precio promedio de la electricidad y sus costos de producción fue de cuatro a uno, incluso ya en los años previos a la nacionalización, pues las empresas eléctricas privadas preferían comprar la energía en bloque a la CFE que invertir en la construcción de nuevas plantas de generación. Eso sí, presionando mediante sus embajadas para imponer un precio elevado a sus tarifas.

Con la nacionalización de la industria, la electricidad llegó casi a todo el territorio nacional, no así a las apartadas comunidades indígenas. En las zonas urbanas era barata en las colonias proletarias y en el campo incentivó la producción agrícola, y durante todo el periodo del llamado “desarrollo estabilizador“ sirvió de motor de la acumulación capitalista, lo mismo en la industria, el comercio y los servicios, posibilitando el crecimiento del producto interno bruto a un promedio anual de 6.7 por ciento y un crecimiento real de los salarios por encima de la inflación.

Sin embargo, llegaron los neoliberales con sus políticas privatizadoras y la debacle comenzó. La economía se estancó en un crecimiento promedio anual de 2.5 por ciento. La CFE dejó de ser un organismo público al servicio del pueblo y la nación, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales, como podía leerse en su decreto de creación. El precio de las tarifas comenzó a perder su carácter subsidiador e incentivador del desarrollo industrial, comercial y de servicios y en el caso de las tarifas eléctricas domésticas se fue convirtiendo en mercancía de lujo para los 35.6 millones de hogares mexicanos del presente. Para no ir demasiado lejos, en los 15 años pasados, mientras los salarios crecieron apenas 73 por ciento, el precio de la electricidad se incrementó 133 por ciento y la tarifa de alto consumo DAC lo hizo en 453 por ciento. Este flagelo se recrudeció en zonas de consumo intensivo de electricidad y para más de un tercio de la población económicamente activa que percibe apenas entre uno y dos salarios mínimos.

En 2012, el asunto adquirió tales dimensiones que en un conocido espot de campaña Peña Nieto prometió, frente al “no me alcanza“ de millones de mexicanos, que con sus inconstitucionales reformas estructurales bajaría el precio de la energía eléctrica. “El recibo de luz se ha venido encareciendo en los últimos años… con la reforma energética voy a bajar el costo de la luz… Les va a llegar el recibo de luz por menos.” Los resultados están a la vista y desafortunadamente el problema se acrecentará en los próximos años, y volverá a convertirse en lema de las campañas demagógicas del PRIAN para 2018.

En los recientes incrementos al precio de las tarifas eléctricas, industriales, comerciales y de servicios, el gobierno le echa la culpa al incremento del precio del petróleo y el gas. Después vendrán otras justificaciones, como esperar que las inversiones en energías renovables maduren, pero lo cierto es que con la privatización de servicios públicos esenciales, básicos y estratégicos, como la electricidad, los únicos ganones son las grandes trasnacionales eléctricas. Como se ha probado en otros países, ni son útiles a las economías nacionales y menos aún satisfacen las necesidades de los consumidores domésticos, quienes no utilizan la energía eléctrica como insumo para lucrar y obtener una ganancia, sino para acceder a mínimos de bienestar y vida digna, a tal grado que en otras regiones, incluida América Latina, se reclama el derecho a la energía como derecho humano fundamental, que debe integrarse a la Carta Universal de los Derechos Humanos.

De ahí la importancia de demandar la renacionalización de la industria eléctrica, como hacen millones de usuarios domésticos al proponer la creación de una tarifa eléctrica social en iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión; que considere, por ejemplo, el consumo gratuito de la energía en las escuelas públicas o un mínimo de Kwh para las comunidades indígenas o consumidores de bajos ingresos, y sobre todo relacione el precio de la electricidad con los niveles reales de ingreso de millones de hogares en México.