La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la solicitud de atención prioritaria –promovida por el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth–, para agilizar la resolución de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Procuraduría General de la República (PGR) –a instancias del presidente Enrique Peña Nieto– contra la aprobación de leyes anticorrupción en los estados de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua.

Fuentes judiciales confiaron en que en el pleno de ministros hay consenso en darle la razón al Ejecutivo federal y que están dadas las condiciones para que las acciones de inconstitucionalidad referidas se resuelvan a más tardar en septiembre.

Mediante un acuerdo, la Comisión de Receso de la SCJN, integrada por los ministros Arturo Zaldívar y Margarita Luna Ramos, consideró que Gil Zuarth sí está legitimado para interponer la petición; sin embargo, será hasta el lunes cuando los ministros inicien el segundo periodo ordinario de sesiones de este año, que se notificará a los integrantes del pleno sobre la petición

Los funcionarios judiciales agregaron por su parte que la Corte no se pronunciará sobre la inconstitucionalidad de las leyes que son consideradas por muchos como un blindaje de los gobernadores Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz; Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, y César Duarte Jáquez, de Chihuahua, para no responder a acusaciones de corrupción al término de su mandato.

Los ministros, explicaron, se limitarán a determinar que los congresos de los estados no están facultados para emitir leyes locales antes de que el Legislativo federal emita la ley general correspondiente, como es el caso del Sistema Nacional Anticorrupción.

Precisaron que la PGR, en las acciones de inconstitucionalidad que interpuso ante la Corte –las cuales ya fueron admitidas hace unos días y turnadas a los ministros Javier Laynez Potisek (Veracruz 56/2016), Norma Lucía Piña Hernández (Quintana Roo 57/2016) y José Ramón Cossío (Chihuahua 58/2016)–, no solicitó la invalidez de ningún artículo en lo particular, sino que se limitó a argumentar que las entidades federativas carecen de facultades para crear sistemas locales de anticorrupción.

Los funcionarios judiciales señalaron que si la Corte le da la razón a la PGR, sentará un criterio negativo en el sentido de que los congresos locales no pueden aprobar normas que tengan que ver con leyes generales resultado de reformas constitucionales, esto, pese a que el Congreso federal no cumpla con los plazos establecidos en las reformas a la Carta Magna para aprobar la legislación general pendiente.

Por otra parte, señalaron que los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua no sufrirán ninguna repercusión legal en caso de que el blindaje sea declarado inconstitucional, ya que las acciones de inconstitucionalidad no pueden aplicarse de manera retroactiva.