San Cristóbal de Las Casas, Chis.

El asesinato del edil de San Juan Chamula, Domingo López González, y cuatro colaboradores suyos el día 23, siendo un hecho criminal, revela una aguda conflictividad que obedece a las relaciones internas del muy idiosincrático municipio tzotzil. Mas no puede ignorarse la mano externa de un sistema electoral y clientelar impuesto por gobiernos y partidos políticos hace más de medio siglo.

La desazón en Chamula había crecido en los tiempos recientes. Ya venían circulado declaraciones anónimas firmadas por el pueblo de Chamula que señalaban motivos de descontento: Queremos que se vaya el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y todos los partidos, porque nos han hecho mucho daño. Aquí tenemos nuestra forma de gobernarnos y queremos que se nos respete.

Según el investigador Arturo Lomelí, estas palabras, aunque anónimas, resumen la inconformidad y las disputas por el control de la presidencia municipal. “Chamula ejemplifica las relaciones perversas del Estado con las poblaciones indígenas en su intento de ‘integrarlas’ a la nación y al sistema político. Esto consolidó prácticas clientelares de corrupción, caciquismo, amiguismo, arreglos entre élites y, destacadamente, la circulación de grandes cantidades de dinero y recursos a disposición de funcionarios municipales y partidos políticos”.

Violencia, la constante

Los acontecimientos violentos por el juego político del Estado se inician con la integración municipal al partido de la Revolución (pronto PRI) en la década de 1940, en el contexto de una defensa de los jornaleros. Ello propició la formación de una élite que se apoderó del ayuntamiento. Posteriormente se desarrolla una pugna de maestros indígenas por la relación con las instituciones. Las diferencias político-religiosas se materializan en lo partidario, cuyo fondo es la disputa por la presidencia. Con la administración de programas y proyectos gubernamentales, a partir de 1970, se desarrolla una mezcla de formas tradicionales de poder con un sustrato de religión maya contemporánea, y las formas del sistema político.

La intervención del sistema de partidos representó una imposición sobre la organización comunitaria de los pueblos, apunta Lomelí. Las actuales tensiones en varios municipios indígenas revelan ausencia de justicia e impunidad; los asuntos se posponen sin resolverse.

La solicitud de licencia definitiva de cuatro alcaldesas (Oxchuc, Chanal, Tila y Chenalhó) y el asesinato tumultuario del edil de Chamula delatan un desorden. Se impuso a los pueblos la vida partidaria, dejando sólo los procedimientos de impugnación establecidos en las normas electorales. Mientras que la tradición de elección de autoridades por acuerdo de la asamblea significa un acuerdo al fin y al cabo.

En este sentido, la trayectoria política de Domingo López González es paradigmática. Siempre ligado al ayuntamiento constitucional, fue mayol (policía) y tuvo otros cargos. En 2007 participó en los acontecimientos que llevaron a la destitución de Domingo López Santiz, y fue interino oficial, luego candidato y presidente electo por el PRI en 2008-2010. Al final de su periodo pidió licencia para buscar una diputación en una alianza PRD-PAN impulsada por el gobierno de Juan Sabines. Ganó la elección pero la perdió en los tribunales, pues era alcalde en funciones a la vez que candidato. Lo nombró el gobierno asesor en la Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas hasta 2012. Después se dedicó a los negocios de construcción que había puesto en su paraje, Yitik.

En tanto, uno de sus rivales, Dagoberto Hernández Gómez (actual secretario de Pueblos y Culturas Indígenas), le sucedió en la presidencia. Al regresar bajo la bandera del PVEM rompió una tradición y terminó dividiendo y confrontando a las comunidades. Se quebrantó el equilibrio rotatorio de los tres barrios del municipio. Sus detractores lo acusaban de incumplir sus promesas y no distribuir los recursos destinados a proyectos artesanales y fiestas patronales, que según el secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, en 2014 ascendían a 70 millones de pesos; el recurso se entrega anualmente a las autoridades.

Desde 2014 hubo reiteradas manifestaciones de chamulas en el Congreso del estado, la Torre Chiapas y el palacio de gobierno, además de choques con la policía y vandalismo en Tuxtla Gutiérrez. El dinero no se distribuía. La inconformidad creció. Una movilización el pasado 10 de julio en la capital fue virulenta. Ante ello, representantes de comunidades acordaron convocar a un plebiscito el día 23 para destituir al presidente municipal. Acudieron a la cabecera, según reportes oficiales, comisiones de 35 parajes. Asistentes y representantes de diversas localidades afirman que llegaron cuando menos 60 parajes. El sábado, unas 2 mil personas llenaron la plaza central. Sus representantes demandaron al alcalde que explicara públicamente por qué no se había realizado la obra pública comprometida.

De acuerdo con un testimonio, el presidente se alteró ante los reclamos. Por alguna razón aún desconocida, seguidores de López González, presuntamente su escolta (¿el chofer o el civil mencionados entre los muertos reconocidos oficialmente?) disparó a la multitud. Se habla de cuando menos dos caídos más. Hay testigos que hablan de más, aunque muchos pudieron ser heridos. Esto enfureció a un grupo presente de encapuchados que entre sus ropas portaban armas y sitiaron el edificio. Cuando el edil, el síndico y el juez intentaron escapar por atrás, fueron muertos y sus cuerpos exhibidos en la plaza. Versiones recogidas por La Jornada en Chamula y San Cristóbal insisten en que los primeros disparos salieron del ayuntamiento.

Esa noche, un maestro originario de Chamula confiaba a este reportero: Es muy grave lo que pasó. Para mí es el fin del presidencialismo en Chamula. Después de esto va a ser difícil el acuerdo. Fue un problema de las élites que se enfrentaron irresponsablemente. Pese a todo se tranquilizaba: Puede desplomarse el mundo, pero la Tierra sigue. Cada día empieza todo.