Para Daniel Velasco, politólogo
lgo de lo mucho que debería ser historia accesible, analizada y opinada fue aquel primer acuerdo del recién ungido presidente Calderón con su gabinete de seguridad nacional en el que ordenó el inicio de su guerra
contra los cárteles de la droga. Primer objetivo: Su tierra. Se le llamó Operativo Conjunto Michoacán. El gabinete estaba integrado por los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa, Marina, Hacienda, Función Pública, Comunicaciones y Transportes, Seguridad Pública y el procurador general de la República; el director del Cisen, secretario técnico del mismo gabinete, fue nombrado hasta el 15 de enero, así que aquella sesión careció de sus aportaciones organizativas, técnicas y de experiencia. La teórica reunión se dio el 11 de diciembre de 2006.
Calderón desata la guerra
en contra de los cárteles del narcotráfico y manda a 7 mil efectivos a terminar con la violencia en su estado. Esta guerra
, como la llamó él mismo en declaraciones públicas, su guerra
, lejos de haber cumplido con sus metas, ha conseguido que el enemigo
se haya renovado en las formas de operar y que el conflicto se diversificara marchando hacia lo que se conoce como guerra híbrida
o de cuarta generación.
Ésta es un conflicto asimétrico entre gobierno y grupos patriotas o criminales sumamente complejo y difícil de entender. En el que suele haber consensos sobre la gravedad de su amenaza y posibles consecuencias con serias diferencias y menos compromisos sobre sus supuestas soluciones. En ella se enfrentan efectivos militares con contingentes de población civil, patriotas o criminales, en medio de una increíble falta de claridad en los hechos, desinformación y una aparatosa presencia militar con logros menores a su potencial de diseño. En este grave embrollo se metió Calderón sin saber nada de él y aparentemente su gabinete tampoco.
Tal acto de autoritarismo reveló un preocupante vacío en el presidente respecto de las facultades y deberes de quien ejerce el mando antes de lanzarse al vacío, como sucedió. Debió disponer de un claro diagnóstico o estimación de situación que implicaba medir las fuerzas relativas de ambos bandos, sus fortalezas y debilidades; diseñar escenarios o cursos de acción y anticipar las consecuencias de cada uno, preparar la operación decidida y montar los elementos de su control.
En ya casi 10 años no ha habido ningún indicio de que tales medidas se hayan efectuado. En una supuesta descarga de responsabilidades podría decirse que él personalmente no tenía los conocimientos ni la experiencia de quien debe tomar tan gruesa decisión, de lo que sí es responsable es de no haber solicitado claramente a sus secretarios y procurador y por tanto primeros asesores en su materia, sus correspondientes opiniones y compromisos. La vanidad del momento le ganó.
Dentro del vacío histórico documental, base de este texto, es de notarse que no se conoce la existencia y envío a los participantes de un expediente informativo previo como corresponde a cualquier reunión de este tipo, no se sabe de un orden del día o agenda de la reunión. Tampoco la de una minuta o acta de la sesión que recogiera la definición del planteamiento central, las posturas de los participantes y finalmente la decisión o directiva, más la distribución de responsabilidades. De comentarios surgidos obviamente de alguno o algunos de los asistentes se sabe que de parte de los esos no hubo interpelaciones, expresiones de preocupación, planteamiento de respetuosas dudas o inconformidades, petición de algunas horas para examinar la determinación en conjunto, nada. Sí hubo felicitaciones por el arrojo presidencial.
Es de destacarse que a Calderón no le preocupó en sí mismo el hecho de que nunca había ejercido una acción de mando operativo. Había sido solamente un miembro de la burocracia partidista, legislativa o gubernamental. De los hechos o falta de hechos de deduce que tampoco le importó que entre los miembros de aquel gabinete, algunos como los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda, Comunicaciones, Función Pública o Seguridad Pública nunca habían ni siquiera participado en una discusión como la que no se dio. El grave asunto les era totalmente desconocido.
Estimadas por numerosas fuentes, su guerra produjo más de 100 mil víctimas letales, quizá 20 mil desaparecidos y un número de 200 mil desplazados de sus lugares de origen de los que nada se sabe.
El gobierno de Calderón nunca ofreció informes acerca del Operativo Conjunto Michoacán. Lo relacionado con los operativos realizados se mantuvo inaccesible. Los costos humanos y financieros para el país se desconocen. ¿Habrá manera de recuperar esta historia y actuar en consecuencia? Hemos invalidado, deteriorado, ciertos términos, en este caso rendición de cuentas
, lo que nos inserta una vez más en un teatro de fantasmas. Basta con sobar el término hasta su nulificación. ¿Y la implacable realidad? ¿Y el alto a la impunidad? ¿Por qué no una comisión de la verdad? ¡Ahí la veremos mañana!
