Monterrey, NL.

El ex tesorero de Nuevo León, Rodolfo Gómez Acosta, quedó vinculado a proceso por uso indebido de funciones, peculado y daño patrimonial, como resultado de la Operación Tornado del actual gobierno estatal, que detectó anomalías en la compraventa de terrenos estatales.

Gómez Acosta y otros 30 colaboradores, familiares y amigos del ex gobernador priísta Rodrigo Medina de la Cruz son investigados por desvío de recursos.

El juez Pedro Cisneros validó ayer los argumentos de los fiscales, quienes señalaron que Gómez Acosta permitió que se entregaran incentivos no solicitados a la armadora coreana de autos KIA por 3 mil 680 millones de pesos, para que se asentara en el municipio de Pesquería.

También se determinó mantener el embargo precautorio de un lote y una finca en la colonia Jardines Del Valle, municipio de San Pedro –conurbado a Monterrey–, propiedad de Gómez Acosta y se le retiró el pasaporte durante seis meses para que no abandone el país.

El ex funcionario permitió que el Sistema Estatal de Caminos y la Secretaría de Obras Públicas ejercieran presupuestos antes de la firma de contrato con la empresa KIA, el pasado 27 de agosto de 2014, y se aplicaron estos recursos antes de que fueran solicitados, señaló en su comparecencia Héctor Maldonado, uno de los tres fiscales.

La audiencia duró nueve horas. Al inicio, el ex tesorero dijo que pediría que ayer mismo se definiera su situación legal.

Gómez Acosta es el primer funcionario de alto nivel del gobierno anterior que resulta vinculado a proceso. El mes pasado la ex alcaldesa panista de Monterrey, Margarita Arellanes, corrió la misma suerte luego de ser acusada de usar el erario para pagar a un despacho jurídico que la defendería después de dejar el cargo.

El juicio al ex tesorero seguirá el 26 de enero de 2017, a solicitud de la Fiscalía.

Este jueves el ex gobernador Rodrigo Medina deberá acudir ante el juez de control y responder por los mismos delitos atribuidos a Gómez Acosta, de acuerdo con las investigaciones de la Operación Tornado reveladas el 4 de junio anterior por el subprocurador anticorrupción, Ernesto Canales.