La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de Chiapas la implementación de medidas cautelares urgentes en San Juan Chamula, ante la gravedad de los hechos violentos sucedidos en dicho municipio, que tuvo como resultado el asesinato de varias personas, una de ellas el alcalde Domingo López González.

En tanto, el PRD, luego de condenar los hechos, anunció que presentará al Congreso de la Unión una solicitud de juicio político en contra el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

La dirigencia nacional perredista aseguró que estos trágicos sucesos son reflejo del hartazgo de la ciudadanía al gobierno corrupto e impune del mandatario estatal, quien a casi cuatro años en el cargo ha actuado con frivolidad e indiferencia ante los problemas que existen en la entidad, sin atender las necesidades de miles de chiapanecos que viven en la pobreza y la marginación.

Por ello, ante este clima de descomposición social y política que prevalecen en el estado, será presentada esta solicitud de juicio político contra quien durante su gobierno ha pretendido contrarrestar las manifestaciones de movimientos sociales, organizaciones y liderazgos que exigen mejores condiciones para las y los chiapanecos.

Entre las medidas cautelares solicitadas por la CNDH de manera directa al secretario general de Gobierno y al secretario de Seguridad Pública de la entidad, Juan Carlos Gómez Aranda y Jorge Luis Llaven Abarca, respectivamente, está el restablecimiento del orden público en ese municipio, a fin de evitar nuevas confrontaciones.

Además, llamó a que en el desarrollo de estas acciones se privilegie un diálogo que permita llegar a los acuerdos necesarios y aseguren la no realización de nuevos enfrentamientos, en un marco de respeto a los derechos humanos de todos.

De igual forma, el organismo nacional pidió que se giren instrucciones a las instancias competentes para que se investiguen todas aquellas conductas contrarias a la ley, ocurridas este sábado en San Juan Chamula, con el fin de que en su momento se sancione a los responsables de las mismas conforme a derecho.

Todas estas medidas deberán implementarse durante el tiempo que se requiera evitando así la consumación irreparable de hechos violatorios a los derechos humanos.

El organismo nacional señaló que la adopción urgente de estas medidas tienen el objetivo de evitar que se produzcan mayores daños de imposible reparación, por lo que los funcionarios estatales deben informar al organismo nacional sobre la aceptación de las medidas requeridas e informar las actividades que se han realizado para su cumplimiento.