Originalmente concebida para apuntalar la renovación moral de la administración de Miguel de la Madrid, en 1982, la entonces Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Secogef), hoy Secretaría de la Función Pública (SFP), ha sido expresión del gatopardismo que ha privado, por décadas, en la lucha contra la corrupción. En 34 años de historia no se conoce un caso relevante derivado de alguna pesquisa de la SFP, cuya función ha sido más bien legitimar las administraciones.

Ni la histórica alternancia en el poder en 2000, que echó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Los Pinos –y auguraba el fin del viejo régimen– sacudió el letargo legitimador del sistema que la ha caracterizado, presuntamente garante del buen gobierno. El respaldo popular de la administración foxista no fue un acicate para que la entonces ya llamada Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) inhibiera la corrupción gubernamental.

Designado para cazar las víboras y tepocatas priístas que prometió Vicente Fox en su campaña, el nuevo titular de Secodam, Francisco Barrio, no fue más allá del ofrecimiento de atrapar peces gordos en su gestión. Ni el sonado caso del Pemexgate, que permitió trasladar recursos públicos de la empresa paraestatal a la campaña priísta de Francisco Labastida, derivó en aprehensión de algún funcionario o dirigente nacional petrolero involucrado en esa ilegal triangulación.

Tampoco el retorno del PRI a la Presidencia supuso la caída de funcionarios vinculados a la corrupción del gobierno panista. El saldo al momento del relanzamiento de la SFP –una vez que fue revivida en 2015 con el propósito de exonerar al presidente Enrique Peña Nieto de las imputaciones de presunto conflicto de intereses por la Casa Blanca–, como uno de los ejes centrales del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción se constriñe a miles de multas con un monto millonario producto de sanciones a funcionarios menores.

Según el reporte más reciente de la SFP que contiene estadísticas de la década pasada entre 2006 y 2016 se han impuesto un monto acumulado de 35 mil millones 333 mil pesos producto de 105 mil sanciones aplicadas a 84 mil 727 funcionarios, al mes de mayo de 2016. Sin embargo, es una tendencia que se ha reducido en los dos años anteriores, pues si en 2014 se multó a 14 mil 461 funcionarios, en los primeros cinco meses de 2016 sólo se ha sancionado a 2 mil 681, todos ellos, funcionarios de niveles bajos en la jerarquía gubernamental.

Dependencia desahuciada en dos ocasiones

Marzo de 1982: aún bajo el viejo régimen del partido hegemónico, la campaña presidencial de De la Madrid busca legitimarse en medio de fuertes cuestionamientos por la corrupción que prevaleció en la administración de José López Portillo, quien entonces ya era célebre por una fastuosa propiedad ubicada en una colina, que al paso del tiempo, se le conocería irónicamente como La Colina del Perro.

Una sociedad que tolera, que permite la generalización de conductas inmorales o corruptas, es una sociedad que se debilita, es una sociedad que decae. Desde luego acepto: la corrupción en el sector gubernamental es la forma más intolerable de inmoralidad social. La renovación moral debe ser un compromiso de todos y cada uno de los mexicanos, de todos y cada uno de los sectores y de los gremio. Debemos exigir una conducta intachable en los altos funcionario, arengaba De la Madrid en plena campaña.

Meses más tarde, el 29 de diciembre de 1982, ya en el poder, el presidente proponía la creación de la Secogef que tenía dos objetivos: la vigilancia de las responsabilidades de los servidores públicos y promover una nueva relación entre el gobierno federal y la sociedad con apertura y transparencia en el sector público y mayor participación de la sociedad.

Julio de 2016. En Palacio Nacional, durante la promulgación de las leyes que darán vida al Sistema Nacional Anticorrupción, Peña Nieto sostiene: Hoy, los mexicanos nos sentimos lastimados y dolidos por la corrupción. Todos los días, en buena medida gracias a las nuevas tecnologías de la información y a la libertad de expresión, la sociedad se entera de actos de corrupción de servidores públicos y de particulares. Frente a ello, la ciudadanía tomó la iniciativa de combatir con decisión este cáncer social

Largo periplo de 34 años para volver a empezar.

La instancia creada por De la Madrid, rebautizada dos veces y desahuciada otras tantas, se erige ahora, como parte del engranaje para combatir la corrupción.

En 2009, con las finanzas asfixiadas por la crisis económica que azotó el mundo en 2008, el gobierno de Felipe Calderón idea la forma de ahorrar recursos públicos y propone la desaparición de tres secretarías. Como parte de sus medidas de austeridad de 2010, plantea la desaparición de la SFP. Su propuesta no prosperó en el Congreso.

Despreciada por la Presidencia, la SFP salva su existencia tan sólo para que meses más tarde, en las paradojas del sistema, un grupo de propietarios de gasolineros denuncie ser extorsionado por la ex subprocuradora de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor, Gladis López Blanco. Un caso de corrupción desde el poder, sólo que esta vez se trataba de la esposa del entonces titular de la SFP, Salvador Vega.

En los albores de esta administración –convencido de su desgaste e inutilidad para encabezar, su ambiciosa de crear la Comisión Nacional Anticorrupción–, la SFP fue formalmente desaparecida de la estructura del gobierno federal. Sólo se le concedió la gracia de existir, vía un artículo transitorio perdido en la reforma administrativa.

En febrero de 2015, frente a fuertes cuestionamientos a su gestión por el presunto conflicto de interés con una empresa contratista del gobierno, Peña Nieto revive la SFP, designa a Virgilio Andrade como titular y relanza a la dependencia que ahora se apresta a ser pieza central para combatir la corrupción en el nuevo diseño legal.