Las causas son las omisiones y deficiencias del gobierno: ONG
Jueves 21 de julio de 2016, p. 10
A unos días de que se cumpla un año de la puesta en marcha de la alerta de violencia de género en el estado de Morelos, los casos de feminicidios se mantienen en forma creciente
, debido esencialmente a la omisión y deficiencias
gubernamentales en el cumplimiento de las medidas.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) –una de las principales promoventes de dicha alerta–, advirtió que mientras no se tomen las medidas adecuadas de prevención, investigación y sanción, se estará muy lejos de lograr abatir los niveles de violencia, que además crecen en crueldad, evidenciando la terrible crisis de derechos humanos que se vive en el estado.
Señaló que uno de los puntos esenciales es que cada muerte violenta de mujeres en Morelos debería ser investigada de acuerdo al Protocolo de Feminicidio pero no ocurre así, sino por el contrario, se revictimiza y se estigmatiza, muchas veces desde la misma autoridad. Así, esta violencia institucional se agrega a los otros tipos y modalidades de violencia que la precedieron y que permanecen impunes.
Conforme a sus propios datos, aseguró que los feminicidios en la entidad van en aumento. Dijo que a los 530 casos que tenía registrados de 2000 al 4 Junio de 2013, ahora se suman otros 156 más, ocurridos entre julio de 2013 y el 10 de febrero de 2016. Aunados a los 89 registros tomados de la Base de Datos de Fiscalía General del Estado, la cifra total de homicidios violentos contra mujeres llega a 775 casos.
Hay que recordar que el 10 de agosto de 2014, luego de un largo proceso de solicitud, se emitió la alerta de género para ocho municipios de Morelos, los cuales son: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco, Xochitepec, Yautepec y Puente de Ixtla, todos con las cifras más altas de homicidio violento de mujeres.
Al presentar un adelantó de la evaluación de las acciones gubernamentales a casi un año de la alerta, la CIDHM señaló que todos los indicadores de cumplimiento adoptados por el grupo de trabajo muestran deficiencias, omisiones o retrasos que han hecho ineficaz este instrumento emitido por la Secretaría de Gobernación.