ivimos en un país con una de las democracias más caras del mundo. Rebasamos el costo por voto de Estados Unidos o Alemania. Y con los pares latinoamericanos la situación es de contraste escandaloso: mientras el costo promedio en México es de 17 dólares por voto, en Argentina cuesta 40 centavos de dólar. En este país (formalmente), casi la totalidad del subsidio al sistema electoral procede del erario. Cuando se iniciaba el esquema de financiamiento público se argumentaba la necesidad de blindar a los partidos y órganos electorales del poder del dinero privado: evitar que los ricos pusieran a los gobernantes, evitar la plutocracia. Además, dar posibilidad a ciudadanos organizados de competir políticamente.

El exceso de dinero dio origen a una plutocracia intra-partidaria y generó una nata de élites burocráticas que manejan los recursos, con lo cual negocian candidaturas y la puerta de entrada a los gobiernos. Los partidos dejaron de depender de los ciudadanos y las dirigencias partidistas dejaron de depender de sus militantes, porque el financiamiento lo reciben directamente del Estado.

Sin embargo, el dinero público aplicado formalmente, a pesar de ser inmenso, no es todo el que circula. Mucho más transita en los procesos electorales que no está contabilizado, y es muy difícil hacerlo. Dinero de apoyo privado que sigue determinando favores que se cobran cuando ya se es gobierno, mediante contratos, permisos y concesiones. El alto financiamiento público no ha evitado la entrada de dinero privado. El dinero convierte a los candidatos en gobernadores, diputados, presidentes municipales o regidores. Si el dinero es el gran elector, y no la voluntad popular, eso no se llama democracia, sino plutocracia, pero de recursos públicos. Nos urge construir una verdadera democracia, al menos en Zacatecas. Para ello, sin duda, la sociedad civil tiene el reto de fijar e impulsar la agenda.