Pocas horas antes de que el presidente Enrique Peña Nieto promulgara las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, presentó su renuncia al cargo.

En su mensaje a los medios de comunicación, argumentó como razón fundamental de su salida que el nuevo modelo de combate a la corrupción establece que el titular de la dependencia deberá ser propuesto por el presidente de la República al Senado, instancia que deberá ratificar el nombramiento.

A las 8:30 horas, en la sede de la dependencia, Andrade anunció su dimisión al cargo al que llegó el 3 de febrero de 2015, con la encomienda del presidente Peña Nieto de investigar el posible conflicto de intereses por la adquisisción de la llamada Casa Blanca, que su esposa, Angélica Rivera, adquirió en la calle de Sierra Gorda, en Las Lomas, y cuya construcción estuvo a cargo de Ingeniería Inmobiliaria del Centro (del Grupo Higa, uno de los principales contratistas del gobierno) y otro inmueble del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Malinalco, estado de México, con similares condiciones.

Desde su designación, la cercanía amistosa que mantenía Andrade con Peña Nieto fue motivo de críticas a su desempeño, las cuales se acentuaron en agosto de ese año. En vísperas del informe presidencial, el titular de la SFP dio a conocer el dictamen de su investigación, según el cual, en ambos casos, no se registró ningún conflicto de intereses, entre otros aspectos porque al momento de las operaciones inmobiliarias ambos involucrados no eran funcionarios públicos.

Su anuncio, realizado el 21 de agosto de 2015, le trajo una andanada de críticas y descalificaciones de diversos sectores, principalmente de los partidos de oposición y del Congreso. Después de 17 meses al frente de la SFP, ayer Andrade formalizó su renuncia.

Hoy es el inicio de una nueva era en la SFP. Por tal motivo, decidí presentar al Presidente mi renuncia como secretario, a fin de que el Ejecutivo cumpla a cabalidad con el mandato constitucional de contar dentro del Sistema Nacional Anticorrupción con un secretario de la Función Pública debidamente nombrado y ratificado por el Senado.

Para Andrade, la relevante participación que tendrá la sociedad en el nuevo modelo de lucha contra la corrupción y cambios sustanciales al marco legal permiten concluir que hoy finaliza en la Secretaría de la Función Pública la era de la administración tradicional, del control interno, para dar paso a un nuevo episodio ciudadano y plural.