La promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) consolida un cambio de paradigma en el combate a una de las preocupaciones centrales de la sociedad, sostuvo ayer el presidente Enrique Peña Nieto. Consideró que así como en su momento la creación del Instituto Federal Electoral fue un paso decisivo para nuestra democracia, estoy convencido de que este sistema será un paso hacia una nueva era en el servicio público.

Durante la ceremonia en Palacio Nacional para lanzar el SNA, el mandatario subrayó que frente al reclamo ciudadano de combatir la corrupción –a la que definió como cáncer social–, su administración ha respondido con el impulso de dos esquemas centrales: el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción.

Destacó la importancia de la participación de la sociedad en la construcción del nuevo sistema, pues la corrupción es un reto de la mayor magnitud, que requiere de acciones de la sociedad y de las instituciones. El SNA crea instituciones fuertes y autónomas para prevenir y castigar la corrupción.

A través del mismo, enfatizó el mandatario al enumerar algunos de los cambios, se eliminarán los trámites innecesarios en las contrataciones y obras públicas, a fin de que se realicen con mayor transparencia; en el servicio público habrá una mayor y más efectiva rendición de cuentas, y se conforma un esquema que nació de los ciudadanos, será presidido por los ciudadanos y servirá a los ciudadanos.

Mencionó que con las nuevas leyes del sistema se fortalecerán la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, cuyo titular ahora será ratificado por el Senado; se contará con una Fiscalía Anticorrupción y salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Para Peña Nieto, todo ello implica un cambio de paradigma en el combate a la corrupción, que dota al país de nuevos instrumentos para fortalecer la integridad del servidor público y erradicar la corrupción.

El Presidente no aludió a los cuestionamientos sobre el alcance del SNA, al que el Congreso no incluyó la obligación de difundir las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses –la denominada ley 3 de 3–, como demandaban grupos ciudadanos y partidos de oposición.

En su oportunidad, Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, subrayó que el SNA representa un paso firme para consolidar la transparencia y rendición de cuentas, que permita avanzar en la consolidación de un estado democrático de derecho. Aseguró que esto involucra el compromiso del Poder Judicial para su instrumentación, pero advirtió que no hay justicia que funcione ni derechos efectivos si hay corrupción.

Zaldívar resaltó que ninguna reforma legal o constitucional por sí sola es capaz de transformar la realidad, pues ello depende de su instrumentación y de las personas que la realizan. La corrupción, concluyó, es un mal que impacta a todos los ámbitos de la vida pública, frena el desarrollo social y económico, debilita a las instituciones y exacerba las desigualdades y la injusticia.

El presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, indicó que la transición democrática no fue suficiente para ajustar el desempeño de las instituciones y vigilar el uso de los recursos públicos, lo cual ha generado irritación en la sociedad. Un sentimiento que en los meses recientes registró una importante transformación, pues la indignación se convirtió en agenda, el enojo se activó en movimiento cívico y la exigencia social encontró cauce y salida institucional.

El presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Jesús Zambrano, valoró que si bien el nuevo SNA representa un avance sustancial en contra de este fenómeno, también es una transformación que resultó insuficiente. Lamentó la falta de consenso para lograr que la iniciativa ciudadana de hacer pública la declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses sea obligatoria, lo que reduce los alcances del modelo.

En representación de la sociedad civil, el presidente de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, señaló que diversas organizaciones impulsaron –con el respaldo de 600 mil firmas– cambios sustanciales en la rendición de cuentas.

Añadió que la promulgación de estas leyes inaugura una etapa de profundas transformaciones en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, adelantó que como organizaciones sociales, impulsarán, en breve, nuevas modificaciones legales que complementen el modelo.