Toluca, Mex.

Aunque faltan 20 días para que entre en vigor la ley que regula el uso de la fuerza publica en el estado de México, conocida como ley Atenco, el secretario general de Gobierno de la entidad, José Manzur Quiroga, señaló que la administración estatal no tiene la intención de lastimar a mexiquense alguno con base en dicho ordenamiento.

La ley ha sido calificada de represiva y anticonstitucional por el partido Morena y diversos grupos sociales, además de que ha sido combatida en algunos artículos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), que consideran que algunas disposiciones sí podrían ser violatorias de garantías fundamentales.

La ley plantea que las protestas, marchas, asambleas, reuniones y otras manifestaciones pueden ser disueltas mediante el uso de la fuerza pública, lo que generó polémica cuando se aprobó por una amplia mayoría en el Congreso local.

Ante los cuestionamientos a la norma, el gobernador Eruviel Ávila Villegas solicitó al Congreso del estado promover una acción de inconstitucionalidad contra el ordenamiento, para que fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que analizara el contenido y se manifestara sobre su legalidad, lo que a la fecha no ha ocurrido.

Los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Congreso mexiquense, la CNDH y la Codhem siguen siendo analizados por los ministros de la primera sala penal de la SCJN.

Entrará en vigor aun sin la opinión de la Suprema Corte

Este lunes José Manzur dijo que si llega la fecha de entrada en vigor de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en la entidad (8 de agosto, de acuerdo con la consejería jurídica del gobierno del estado), las nuevas disposiciones se aplicarán en el estado, aun cuando la Corte no haya fijado una postura acerca de su legalidad.

Lo que se pretende con esta ley es tener reglamentado el actuar de la policías. No tenemos la intención de molestar a nadie con su aplicación, recalcó el funcionario, quien comentó que aún confía en que la Corte se pueda manifestar antes de su entrada en vigor.

Insistió en que la ley no tiene por objetivo reprimir las protestas sociales y subrayó que si los ministros determinan que se tienen que ajustar algunos artículos, se hará sin problema alguno.