a reciente modificación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de las variables que miden el ingreso en los hogares mexicanos, y el inmediato cuestionamiento hecho a esos cambios por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), reaviva la añeja discusión sobre cuál es la metodología más apropiada para medir de manera efectiva los índices de pobreza en el país.

Las cifras sobre el ingreso compiladas por el instituto constituyen un dato esencial para aplicar el modelo que luego utilizará el Coneval a la hora de determinar quiénes son pobres y quiénes no lo son, así como para delimitar los diferentes aspectos que presenta el fenómeno de la pobreza, uno de los más persistentes y preocupantes no sólo en México sino en vastas regiones del mundo. Y es que los sucesivos estudios realizados sobre el tema –especialmente desde mediados del siglo pasado– han ido arrojando tal cantidad de indicadores relacionados con la satisfacción de las necesidades básicas, el consumo de ciertos bienes, los niveles de bienestar y el propio ingreso, que distintas combinaciones metodológicas de esos indicadores pueden arrojar (como de hecho lo hacen) resultados diferentes al analizar una misma realidad.

La existencia y el uso de diversos patrones de medición representa un problema que va más allá de la cuestión técnica y preferencial, porque al no haber un modelo estandarizado, aceptado y homologado internacionalmente, resulta poco menos que imposible elaborar cuadros comparativos que reflejen las verdaderas proporciones alcanzadas, en los distintos países, por el flagelo que refleja de manera más descarnada la desigualdad y la injusticia presente en las sociedades. Pero, además, esta falta de homogeneidad en las herramientas suele ser aprovechada por los gobiernos para maquillar las cifras sobre los pobres que pueblan sus respectivos territorios y presentar así una imagen pública más favorable.

El Coneval objeta los cambios efectuados por el Inegi con el argumento de que no fueron suficientemente debatidos desde el punto de vista técnico ni anunciados con oportunidad, lo que restaría transparencia al proceso de captación de datos sobre el ingreso. Conviene seguir de cerca cómo se resuelve la novedosa diferencia de enfoque entre ambos organismos, porque el consejo es el órgano oficial encargado de medir los niveles de pobreza (obligado por la Ley General de Desarrollo Social) y para ello se basa, de manera primordial, en la información producida por el instituto. Éste, a su vez, confecciona sus tablas al apoyarse en los datos derivados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh), realizada cada dos años. Lo cual significa que, en última instancia, la responsabilidad de dar a conocer de forma oportuna los devastadores números sobre la pobreza en el país corresponde tanto al Coneval como al Inegi.

Disponer de información precisa y confiable sobre el tema es una condición indispensable no sólo para evaluar la gestión gubernamental y la eficacia de los planes y programas que periódicamente se ponen en marcha con el propósito de abatir la pobreza, sino para diseñar medidas que acaben con ella de manera efectiva, cosa que sería mucho más beneficiosa que encontrar fórmulas para medirla.