El PRI en la Cámara de Diputados propuso una reforma a la Ley de Cámaras Empresariales y Confederaciones para que estas instancias patronales generen una cultura ética y de legalidad, así como la prevención de actos de corrupción.

Claudia Anaya, representante de ese partido, refirió la urgencia de que las cámaras empresariales conduzcan las acciones de difusión de la cultura de la legalidad, y que al mismo tiempo la propia ley les imponga la obligación de integrar un padrón –con carácter público–, que incluya a todas las empresas que han incurrido en actos corruptos.

Con tal medida los empresarios trabajarían coordinadamente con la Secretaría de la Función Pública para investigar y esclarecer actos ilegales, en los que participen funcionarios de gobierno y empresarios.

De aceptarse tal propuesta, se excluiría a aquellos empresarios corruptos que serían susceptibles de recibir una negativa de afiliación.

“Se trata de evitar ilícitos en las transacciones y, al mismo tiempo, cancelar toda posibilidad de la existencia de contabilidad paralela que encubra la corrupción.

Es necesario que el sector privado se sume a la tarea del Estado mexicano con el propósito de abatir los actos de corrupción, y con ello, impulsar el desarrollo económico y social para que se beneficie a más mexicanos.

Tal propuesta se enmarca en el cumplimiento del Código de Integridad y Ética Empresarial, que los empresarios suscribieron el año pasado, e iniciar una campaña de concientización para erradicar prácticas de corrupción, convirtiéndose en un mecanismo para acceder a los recursos del Estado mexicano.