La iniciativa de reforma constitucional del presidente Enrique Peña Nieto para reconocer el matrimonio entre parejas del mismo sexo fue el detonante de una nueva serie de comentarios en contra de la diversidad sexual, tal como sucedió en 2010, cuando se aprobó en la Ciudad de México, señaló en entrevista Nuriney Mendoza Aguilar, directora de Quejas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

De 2010 a junio de este año mil 65 expedientes han sido calificados de presuntos actos de discriminación debido a la identidad de género, preferencia u orientación sexual de las víctimas, de acuerdo con datos de la dependencia.

En los primeros seis meses de 2016 van 92 quejas, de las cuales 76 son contra particulares y 16 contra funcionarios del ámbito federal.

La propuesta presidencial es un parteaguas en el reconocimiento de los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual (LGBTTI), indicó Mendoza Aguilar. Cuando se abre una posibilidad de crear mecanismos o modificar leyes para defenderlos siempre hay manifestaciones en contra, por tanto, peticiones al Conapred para que intervenga.

Se refirió también al caso de Jakelyne Barrientos Martínez, candidata transexual a una diputación en Chihuahua.

A pesar de que el Instituto Estatal Electoral se comprometió a incluir su nombre femenino como un alias en las boletas, el día de la elección sólo apareció Leandro y sus apellidos, lo que impidió que sus electores la reconocieran.

Barrientos Martínez acudió al Conapred; sin embargo, su queja no prosperó, pues sólo podemos intervenir cuando se imputa a particulares o a funcionarios federales, explicó. Le recomendaron acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El consejo puede dictar medidas precautorias contra autoridades estatales o federales, independientemente de que atraiga o no el caso.

Sin embargo, se emiten antes de que se produzca una violación a los derechos humanos de imposible reparación. En este caso ya se produjo el daño y hay que investigarlo.