Oaxaca, Oax.

Senadores y diputados federales que integran la Comisión de Seguimiento del caso Nochixtlán sostuvieron reuniones de trabajo con los titulares de seguridad, procuración de justicia y salud del gobierno estatal, además del gobernador Gabino Cué Monteagudo, para conocer sus informes acerca de lo ocurrido el pasado 19 de junio, cuando un fallido desalojo dejó ocho fallecidos en esa localidad.

Sobre el propósito de la comisión y qué alcances tendrá, la senadora panista Mariana Gómez del Campo, presidenta de dicha instancia, señaló que lo único que se pretende es que se dé a conocer la verdad de lo ocurrido ese día, pero puntualizó que ni los diputados ni los senadores son agentes del Ministerio Público, por lo que la investigación que realicen no tendrá peso jurídico.

Al concluir la investigación, con límite al último día de agosto, se tendrá un documento muy completo en el que además aconsejarán que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables, sin importar si son funcionarios, mandos policiacos o incluso pobladores.

El desabasto

Agregó que una de las preocupaciones expresadas por las autoridades entrevistadas este viernes se centró en el supuesto desabasto de alimentos ocasionado por los bloqueos carreteros realizados por los maestros, aun cuando La Jornada y otros medios han documentado que no existe.

Gómez del Campo señaló que próximamente se programará la visita de la comisión a Asunción Nochixtlán, ya que es de suma importancia conocer de primera mano lo que los pobladores vivieron aquel domingo, ya que añadió que este viernes no existieron las mejores condiciones para ir a esa localidad.

La senadora comentó que se entrevistarán con Arely Gómez, titular de la Procuraduría General de la República, instancia que atrajo el caso.

En la reunión efectuada en la Casa oficial –oficina y vivienda del gobernador– los legisladores dialogaron por casi cinco horas con Joaquín Carrillo, fiscal general del Estado; Jorge Ruiz, secretario de Seguridad Pública; Froylán Cruz, comisionado de la Policía estatal; Héctor González, encargado de la oficina de la Secretaría de Salud; Carlos Santiago, secretario general de Gobierno, y el gobernador Gabino Cué.

Los funcionarios entregaron un informe de lo ocurrido. Sin embargo, la vocera se negó a decir si los mandos policiacos aceptaron que los agentes hayan disparado sus armas de cargo.

Tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca acusaron a los funcionarios del gobierno estatal de hacer caso omiso a la petición de entrega de los informes de los hechos del pasado 19 de junio.