La incorporación de los sindicatos que reciben recursos públicos como sujetos obligados en materia de transparencia es un primer avance importante en el acotamiento de la opacidad con que habían operado, y que durante años ha favorecido el uso de contratos de protección para las empresas, la ausencia de una verdadera democracia sindical y el registro de salarios en el IMSS con percepciones inferiores a las reales de los trabajadores, advirtió el abogado laboral Arturo Alcalde Justiniani.

En el contexto de la celebración del foro Transparencia sindical, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Proteccipon de Datos Personales (Inai), la comisionada Patricia Kurczyn estimó que la incorporación de los sindicatos al modelo significa que la lucha contra la corrupción es en serio, y es parte de la transparencia en todas las instituciones donde haya recursos públicos o se ejerzan actos de autoridad.

Mencionó que a escala federal se tienen registrados 140 gremios que están en este supuesto, de los cuales 40 ya recibieron algún tipo de capacitación del Inai, lo cual evidencia que hay disposición para insertarse en el modelo.

En su momento, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, dijo que desde la reforma laboral de 2012 se impulsó mayor transparencia en registros sindicales y contratos colectivos, con el fin de que los trabajadores puedan ejercer de mejor manera sus derechos laborales, individuales y colectivos, siempre con pleno respeto a la autonomía sindical.

Alcalde confió en que los gremios asuman plenamente su responsabilidad y no pretendan, frente a sus nuevas obligaciones, esconder información clave en aras de preservar sus cotos de poder. Dijo que la transparencia sindical coadyuvará a romper cacicazgos, lo que, en paralelo, será virtuoso para que recuperen el papel central que deben tener y alejarse del desprestigio actual.

Por su parte, el dirigente del sindicato del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Felipe Navarrete, señaló que están dispuestos a cumplir sus obligaciones, pero alertó que en su mayoría, los trabajadores del IMP están en las zonas más riesgosas del país donde opera el crimen organizado (las zonas petroleras del Golfo de México). Si ya ahora existen secuestros, la mayor transparencia aumentará su vulnerabilidad, advirtió.