n la semana que concluye, el impasse en que se había colocado el conflicto magisterial ha dado paso a una aparente distensión que, sin ser definitiva, podría abrir perspectivas de solución. Luego de las movilizaciones convocadas el martes por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y su entorno social de apoyo –cada vez más amplio, a juzgar por la diversidad de actores no magisteriales que convergieron en las protestas–, la Secretaría de Gobernación reactivó la mesa de diálogo con esa organización, que había sido suspendida días antes entre amenazas del titular de esa dependencia.
Ayer, la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y las autoridades de la Secretaría de Educación Pública efectuaron una reunión en la que se revisó la implementación de la reforma educativa
. Así, mientras en el discurso se rechaza la renegociación de la referida modificación constitucional y la legislación secundaria, en los hechos se asiste a una revisión de la misma entre las autoridades educativas y los distintos sectores del magisterio.
Es razonable vincular este viraje en la postura gubernamental a cálculos políticos y hasta a tácticas dilatorias para distender el conflicto en momentos en que comenzaba a desbordarse. Pero es un hecho que detrás de ese aparente abandono de la cerrazón de las autoridades se encuentra la extensión del descontento magisterial mucho más allá del ámbito de actuación e influencia de los estados en los que la CNTE es la fuerza hegemónica: mientras las expresiones contra la reforma en entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán no han amainado –sino todo lo contrario–, destacan como novedad las movilizaciones efectuadas en Monterrey, Morelos, el sur de Veracruz y Yucatán, así como la participación extendida de organizaciones de padres de familia, grupos sociales diversos y sectores críticos de la iglesia.
En tal circunstancia, es claro que la única vía deseable para resolver el impasse actual es el emprendimiento de un diálogo sin condiciones, en el que el gobierno revise sus posiciones actuales, haga acopio de voluntad y flexibilidad y negocie una solución al conflicto basada en concesiones de ambas partes.
Es claro, por lo demás, que el sector educativo está minado por problemas y desacuerdos en diversos niveles y dimensiones, y que todos pueden ser resueltos si se emprende un proceso de diálogo orientado a formular, con participación de todos los sectores involucrados, una política de educación pública capaz de ser punto de consenso nacional y no, como ocurre ahora, fuente de conflictos.
En el momento presente es necesario que se contengan las campañas que desde los medios han atizado el linchamiento social contra el magisterio disidente e instigado a su represión, enarbolando un falso afán legalista. Exacerbar los ánimos en la presente circunstancia no conducirá al triunfo de ninguna de las partes sobre la otra y puede causar, en cambio, un daño mayúsculo a la precaria estabilidad institucional del país.
