La batalla contra la delincuencia se ganará sólo si mantenemos con responsabilidad, voluntad, determinación y firmeza nuestro compromiso histórico de combatirla, afirmó la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, durante la inauguración de los trabajos de la asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en la ciudad de Campeche.

A procuradores y fiscales del país, Gómez González les dijo: hoy tenemos la oportunidad de trabajar de manera conjunta para reparar los estragos que la delincuencia, la corrupción y la impunidad han dejado en la sociedad.

Dijo estar convencida de que en cada una de las mesas de trabajo de esta conferencia se obtendrán acuerdos que impulsarán proyectos innovadores, y se dará seguimiento a compromisos adquiridos con anterioridad, ya que sin duda, esta suma de voluntades facilitará cambios efectivos a escala nacional.

Sostuvo que fortaleciendo las capacidades en el uso de inteligencia criminal, da mayores probabilidades de éxito en la investigación y persecución de los delitos, y por ello decidieron impulsar la puesta en marcha de las unidades de análisis de información en las entidades federativas, lo que ayudará a estudiar el fenómeno delictivo, entender sus múltiples variables, y planear mejores estrategias para confrontarlo.

Fortalecer la atención integral

Señaló que los procuradores y fiscales se han propuesto fortalecer la calidad de la atención integral que se brinda a mujeres, niñas y adolescentes, víctimas de violencia, y por ello están impulsando una norma de calidad para la atención ministerial de la violencia contra ellas, para que se certifique a los agentes del Ministerio Público adscritos a los centros de justicia para las mujeres.

La procuradora refirió que se han logrado avances importantes; sin embargo, se requiere redoblar esfuerzos y continuar con el trabajo que hasta hoy se ha realizado, porque aún existen desafíos como la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Debemos, por un lado, garantizar que los servidores públicos que operan el nuevo sistema estén debidamente capacitados y preparados para ejecutarlo; y por el otro, difundir entre la ciudadanía todos los cambios en los procedimientos penales y sensibilizarla para que, una vez que recurra a las instancias de justicia, tenga a la mano la información necesaria para interactuar con el sistema de justicia penal, finalizó.