El subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos Torres, afirmó ayer que el Estado mexicano es el primer interesado en que las medidas cautelares que se pongan en marcha en el caso Iguala, en conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se desarrollen en el contexto de la protección de las garantías individuales y tengan efectivo cumplimiento.

Entrevistado al término del foro Las alertas Amber en Facebook, celebrado en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, señaló que en la PGR se trabaja en el cumplimiento de las medidas cautelares y que en el marco de las atribuciones de la CIDH, hay la facultad de que se dé el seguimiento y lo que estamos acordando son los términos para que ello ocurra. Estamos en un proceso de diálogo con la propia comisión y con los representantes (de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos), porque somos las tres partes involucradas, para poder determinar este esquema.

Expuso que luego de varias reuniones de trabajo, hay posiciones cercanas a un acuerdo; tanto los representantes como el Estado mexicano los han planteado a la CIDH, y será esta comisión la que determine el esquema de seguimiento que se dará.

En cuanto al esquema de colaboración que pondrán en marcha Alerta Amber, PGR y Facebook, Betanzos señaló que se trata de combatir situaciones en las cuales los menores se encuentren en circunstancia de urgencia, riesgo o que exista la posibilidad de que sea sustraído de una entidad a otra.