Moscú.

No obstante el malestar que generó en esta sociedad y las objeciones técnicas de los expertos, el presidente Vladimir Putin promulgó este jueves las enmiendas a numerosas leyes de lo que aquí se conoce como paquete antiterrorista, que dota al gobierno de facultades prácticamente ilimitadas para ejercer un férreo control en materia de Internet y telefonía celular en detrimento de los ciudadanos –y de las empresas del sector, en lo económico–, entre otras severas restricciones a las libertades en este país.

Un día negro para Rusia, calificó este jueves 7 de julio quien quizás conoce mejor que nadie la injerencia de un gobierno en la vida privada de las personas: Edward Snowden, el ex analista de inteligencia que denunció el espionaje total de Estados Unidos por medio de Internet y otras nuevas tecnologías, quioen tras huir de Hong Kong encontró refugio temporal en la capital rusa.

Putin promulgó una nueva ley represiva, que va no sólo contra los derechos humanos, sino contra el sentido común, opinó a través de su cuenta en Twitter el ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional estadunidense.

A partir de ahora, las compañías de telefonía celular en Rusia están obligadas a guardar durante tres años información técnica acerca de las llamadas realizadas y recibidas, mensajes de texto, fotografías, audios y videos de todos sus abonados, y durante seis meses el contenido de las conversaciones y mensajes intercambiados, proporcionando al Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso) las claves de cualquier método usado para cifrado de las comunicaciones.

Los proveedores del servicio de Internet tendrán que hacer lo propio durante un año, facilitando al FSB también pleno acceso a las cuentas de correo de los usuarios.

Estas novedades en el terreno de combate al terrorismo y extremismo repercutirán necesariamente en el costo del servicio y las empresas del sector advierten que los usuarios tendrán que hacerse a la idea de pagar, por lo menos, el doble y tal vez el triple que hasta la fecha.

Las enmiendas también introducen tres nuevos artículos en el Código Penal: el 361 (acto de terrorismo internacional), que presupone la cadena perpetua a quien haya cometido fuera del territorio ruso un atentado que pudiera afectar a ciudadanos rusos, así como para quienes lo hubieran financiado.

El 205.6 (obligación de denunciar un crimen) castiga con un año de prisión a quien tuviera conocimiento de los preparativos de un atentado y no haya informado al FSB y otras dependencias competentes.

Y el 282.4 (contribución a la actividad extremista), que permite encarcelar hasta 15 años a cualquier persona que haya estimulado mediante sus escritos o discursos a individuos que llegan a cometer un crimen de carácter extremista como, por ejemplo, participar en disturbios masivos.

El FSB obtiene plena luz verde para sofocar las protestas no autorizadas y no tendrá que pagar ninguna compensación a los propietarios por la destrucción de casas, automóviles y otros bienes causadas durante sus operaciones especiales.

Se hizo más severo el castigo por exhortar a realizar actos terroristas, justificar el terrorismo en Internet, reclutar un grupo armado, entre otros delitos. Asimismo, se efectuaron cambios en 32 leyes para poder fincar responsabilidades penales a adolescentes que hayan cumplido ya 14 años y se restringe la actividad de los misioneros, medida que afecta a numerosas congregaciones religiosas que no son del agrado de la Iglesia ortodoxa rusa.

Elaboradas las modificaciones a las leyes por la diputada Irina Yarovaya, en la legislatura que acaba de concluir, y el senador Viktor Ozerov, ambos miembros del gobernante partido Rusia Unida, merecieron duras críticas desde diversos ámbitos de la sociedad. Incluso expresaron su desacuerdo funcionarios cercanos al Kremlin como, por mencionar sólo dos, Mijail Fedotov, titular del Consejo para los Derechos Humanos y la Sociedad Civil, adjunto a la presidencia, o Nikolai Nikiforov, ministro de Comunicaciones.

En consecuencia, se retiraron las iniciativas más polémicas –por ejemplo, prohibir viajar a otros países o quitar la ciudadanía rusa, que violaban la Constitución– y otras simplemente irrealizables, como era el plazo de tres años para la obligación de guardar todas los conversaciones telefónicas, correos y mensajes de texto de cualquier ciudadano ruso en Internet, pues las empresas del sector pudieron demostrar que carecen de los recursos financieros y equipos para emprender una tarea de dicha magnitud.