Querétaro, Qro.

Unos 300 elementos de las policías estatal y del municipio de Querétaro desalojaron la noche del miércoles el campamento que integrantes de la organización Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto instalaron el pasado 17 de junio en la plaza de armas –frente al palacio de gobierno estatal– para exigir la liberación de su líder, Pablo González Loyola Pérez, acusado de motín.

Los manifestantes también exigían reubicación, pues fueron desalojados el 19 de junio del corredor del parque Alameda, donde vendían desde 1999.

Según los comerciantes, más de 300 agentes arribaron a la plaza cerca de las 22 horas del miércoles, los rodearon y destruyeron sus estructuras, casas de campaña y otras propiedades, incluidos un tanque de gas, una parrilla y alimentos.

Los policías también se llevaron mantas y pancartas, además de tomar fotografías a cada uno de los manifestantes, incluidos los menores de edad.

Los manifestantes aseguraron que el desalojo fue respuesta a la petición de audiencia con el gobernador panista Francisco Domínguez Servién, quien el pasado 4 de julio les dijo que sólo dialogaría cuando levantaran el plantón.

La Coordinación Estatal de Protección Civil aseguró que el desalojo se hizo para salvaguardar la integridad de los comerciantes y de las personas que transitan por el centro histórico.

Agregó que la policía vigilará la plaza en forma permanente para evitar que los comerciantes vuelvan y pongan en riesgo su integridad; asimismo, rechazó que se impida el derecho a la libre manifestación.

Los inconformes se instalaron en la plaza porque ya no les permitieron vender en el corredor de acceso al parque Alameda, de donde el gobierno capitalino desalojó 358 carros metálicos.

Además desmintieron la versión de las autoridades capitalinas de que los reubicaron, pues aseguraron que los despojaron de mercancía o se las devolvieron en malas condiciones.

También rechazaron la versión del alcalde capitalino, el panista Marcos Aguilar Vega, de que los comerciantes carecían de permisos para vender, pues algunos ya habían pagado los derechos correspondientes a 2016.