os resultados que en lo inmediato está obteniendo la principal de las reformas estructurales del peñismo, la energética, permite entender lo que ha sucedido y puede suceder con otras, como la educativa. La credibilidad de esas reformas y de sus promotores (con Enrique Peña Nieto como principal damnificado) puede medirse a la luz del tosco aterrizaje en la realidad que significan los aumentos en el precio de las gasolinas y en las tarifas por consumo de electricidad.

Más allá de los alegatos en pro o en contra de esas reformas, el público promedio encuentra rudamente mendaces tales incrementos (así sean ahora otras las condiciones económicas, con el entorno internacional como adversario), sobre todo porque en las horas del triunfalismo desbordado y del posicionamiento electorero, el propio Peña Nieto aseguró que no habría más tandas de aumentos, ofrendando esa supresión como una prueba de las bondades de las modificaciones sustanciales por él propuestas.

El caso del petróleo y la electricidad permite, además, confirmar la proclividad profesional a la mentira que el peñismo mantiene respecto de los objetivos privatizadores de sus proyectos. Cuando comenzó a ser instalada en la opinión pública la versión amable de la reforma energética, se aseguraba que no habría de venderse ni un tornillo, y en los ámbitos oficiales y oficialistas de la comunicación social se producían vendavales de enojo ante los atrevimientos de quienes advertían del insano propósito de privatización que evidentemente había en esa reforma histórica. A estas alturas es evidente que tal vez los tornillos no los vendieron, porque son piezas de ínfimo valor, pero la estructura energética nacional sí ha sido puesta a disposición de empresarios y políticos nacionales e internacionales, en un festival de apropiaciones de lo público en el que, por dar un ejemplo altamente indicativo, aparecen familiares políticos del ex presidente Carlos Salinas de Gortari detrás o junto a firmas que son beneficiadas por estos procesos.

En ese contexto, la oposición a la reforma educativa ha crecido. Ayer se produjo en la Ciudad de México una variedad de manifestaciones que a la hora de cerrar esta columna había sido detenida a la altura del Palacio de Bellas Artes, cuando pretendía encaminarse a la Plaza de la Constitución. El paro en unas 250 escuelas de la capital del país (y el propósito de extender esa inactividad de manera indefinida) y la programación para hoy de otras cuatro marchas remodelan el escenario de la contienda, amenazadas como están las protestas en Oaxaca y Chiapas con el uso de la fuerza pública en su contra. Es probable que la movilización en lo que era llamado el Distrito Federal acabe significando una contención real a las tentaciones represivas que mantiene el segmento duro de la administración federal, pues golpear a las comunidades de otros lugares tendrá inmediata resonancia organizada en el corazón mediático y político del país.

Los nuevos emplazamientos apuntan a que de manera subterránea se han alcanzado acuerdos que sitúan el conflicto en otra fase (estos intentos de análisis corren cada tarde, al ser escritos, el riesgo de ser desmentidos violentamente a la siguiente mañana). El gobierno federal puso el dedo en el gatillo con su advertencia del tiempo agotado y las acciones de desalojo en breve, pero no pasó (afortunadamente) de allí. Sin embargo, las obstrucciones viales se aflojaron, permitiendo el paso a vehículos y, sobre todo, el reabastecimiento de mercancías y combustibles, que era demanda central de Bucareli. Los profesores de Oaxaca fueron notificados de la posposición de exámenes de evaluación y se habla de que en términos discrecionales habrán de evitarse descuentos y despidos. Es decir, aunque la ley no se negocia, ciertos márgenes de discrecionalidad se están explorando para dar al conflicto algunas plataformas de descanso.

Un indicio del éxito de esas mediaciones silenciosas está en la reinstalación de conversaciones en Bucareli, anunciada ayer a última hora. El secretario de Gobernación se había despedido de la más reciente de esas mesas, la segunda en esta etapa, sin poner fecha para la reanudación y dejando la impresión de que se estaba ante algo cercano a la ruptura de pláticas. Ahora, en esta distensión provisional, se explorarán posibilidades prácticas de arreglos básicos que no signifiquen una derrota para la postura cerrada del gobierno federal, pero sí permitan al movimiento magisterial y popular asumir que se ha avanzado. Todo, ha de decirse, está siempre sujeto a variables muy delicadas, que en cualquier momento pueden reinstalar a los contendientes en sus posiciones originales. En particular es importante que no se produzcan más hechos de violencia física grave.

Para confirmar que en este país sigue habiendo clases, ayer los senadores aprobaron de manera amplia (80 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones) el veto de Enrique Peña Nieto al segmento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que habría obligado a todo empresario que recibiera recursos públicos en función de sus negocios a rendir la famosa obligación 3 de 3 (declaración patrimonial, fiscal y de intereses). El ocupante de Los Pinos reaccionó de forma veloz y positiva al activismo de los hombres de negocios que llegaron a manifestarse en las escalinatas del Ángel de la Independencia en demanda de freno a la corrupción tan extendida y de que las consecuencias de la 3 de 3 no les alcanzaran. Peña Nieto vetó la parte deseada por la iniciativa privada, pero no amplió su poderío obstructor para impedir que los políticos se regalen una protección discrecional en cuanto a esas declaraciones económicas.

Y, mientras el propio PRI nacional (directivos y legisladores federales) critica a Javier Duarte de Ochoa (Veracruz), César Duarte Jáquez (Chihuahua) y Roberto Borge (Quintana Roo) por fabricarse blindajes contra cantadas investigaciones de corrupción que pretenden realizar sus opositores ganadores de pasados comicios, ¡hasta mañana!

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