a Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Secretaría de Gobernación reactivaron ayer la mesa de diálogo con miras a la resolución del conflicto magisterial, la cual había quedado en suspenso luego del ultimátum lanzado hace unos días por el titular de esa dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, a los maestros disidentes. Este reinicio en las negociaciones tuvo de contexto una jornada de movilizaciones en la capital del país, en la que padres, maestros y alumnos de 250 escuelas de educación básica de la Ciudad de México realizaron acciones de protesta contra la reforma educativa en varios planteles escolares y vialidades. Pese al amplio despliegue policiaco aplicado por las autoridades capitalinas para aislar y encapsular a los manifestantes, los actos se mantuvieron todo el día en respaldo a la marcha que realizaron por la tarde los integrantes de la CNTE que se encuentran en el plantón de la Ciudadela.

El amplio eco que encontró el llamado a reactivar la lucha magisterial en esta capital es muestra de que, a contrapelo de la escalada de criminalización mediática, de la judicialización del conflicto y de la creciente violencia con que las autoridades responden a los episodios de protesta, el movimiento está lejos de amainar y, al contrario, se extiende con la suma de actores sociales, padres de alumnos e incluso personajes religiosos, como el obispo de Saltillo, Raúl Vera, quien participó en una movilización efectuada en Monterrey.

En resumen, en las últimas semanas lo que se inició como oposición a una reforma impuesta sin consultar a los principales afectados se ha convertido en un movimiento social de características y dimensiones inesperadas y por demás originales.

Parte de la novedad del actual ciclo de movilizaciones estriba en la adhesión de sectores del magisterio que tradicionalmente no han participado en la oposición activa a las medidas gubernamentales. Tal generalización del descontento ha sido motivada por el paulatino conocimiento de las implicaciones de la reforma en los derechos laborales y la calidad de vida de los profesores, aspectos que no recibieron difusión a lo largo de la prolongada campaña propagandística con que el gobierno federal ha buscado legitimar las modificaciones en las modalidades de contratación docente. Reflejo de lo dicho es el descontento generado por el acuerdo suscrito entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para separar el sueldo base y el estímulo otorgado por el programa de carrera magisterial, con lo cual los incrementos salariales aplicables a partir de este año no se aplican al estímulo salarial.

Con todo lo dicho, es de saludarse el reinicio del diálogo, ayer, entre la CNTE y la Secretaría de Gobernación. Es necesario que la parte gubernamental muestre voluntad política para concretar soluciones reales al conflicto, y que apueste por la consolidación del diálogo con la convicción de que todavía no es demasiado tarde para subsanar los factores originarios del descontento.