Santiago.

Miles de estudiantes chilenos protestaron ayer en esta capital y en Valparaíso en rechazo al proyecto de reforma de la educación superior, el cual determina la gratuidad de la enseñanza universitaria. Consideran que mantiene las bases del actual sistema, ya que ésta no es total ni a corto plazo. La policía reprimió con carros hidrantes y gases lacrimógenos a los jóvenes, quienes intentaron acercarse al palacio presidencial de La Moneda.

La movilización fue encabezada por la Confederación de Estudiantes Universitarios (Confech) y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones). Se produjo un día después de que la iniciativa fue enviada al Congreso por la presidenta Michelle Bachelet, en un anuncio que hizo por cadena nacional y que de inmediato provocó inconformidad generalizada.

Sin el aval de las autoridades a esta marcha en Santiago, grupos de estudiantes cantaron: ¡Salimos a las calles nuevamente; la educación chilena no se vende, se defiende! Los manifestantes caminaron por los alrededores de La Moneda, procedentes de cuatro puntos de la ciudad, ante un fuerte resguardo de la policía.

Las cuatro movilizaciones comenzaron desde temprano, con barricadas en llamas y bloqueos de calles. Grupos de estudiantes, algunos encapuchados, desataron escaramuzas en el trayecto y el tránsito fue detenido en algunas zonas, como en la céntrica avenida Alameda, donde intervino la policía, la cual lanzó chorros de agua y gases lacrimógenos. Hubo muchos detenidos, aunque no se precisó el número. Entre los arrestados figura un camarógrafo del canal estatal de televisión, cuya cámara resultó destruida.

La manifestación de Santiago no había sido autorizada por la Intendencia Regional, que sí permitió otra marcha programada para el domingo próximo.

La Confech, de acuerdo con voceros, acusó que el gobierno está impulsando una reforma que consolida el negocio de la educación a costa de la enseñanza pública como derecho.

Se oponen, dijeron, a que la gratuidad dependa de los indicadores económicos inalcanzables, mientras el gasto militar se asegura con la ley reservada del cobre.

Al respecto, alguno sectores de la coalición oficialista Nueva Mayoría apoyan que de ese fondo para armas salga parte del dinero para facilitar el conocimiento como instrumento de combate a la pobreza.

El problema de la iniciativa es que no asegura los recursos para financiar la gratuidad, pues sólo proyecta 50 por ciento para este año y acercarse a 60 por ciento hacia 2018, cuando terminará el gobierno de Bachelet. Esto, con una matrícula que a la fecha supera el millón de estudiantes. La gratuidad fue la gran promesa de campaña de la lideresa socialista.

El dirigente de la Universidad de Santiago, Patricio Medina, reiteró que no se acepta la gratuidad por goteo, pues se aspira a asegurarla como derecho y al lucro considerarlo delito, por lo que las marchas continuarán.

Diego Arraño, vocero de la Cones, pidió la renuncia de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien, dijo, lo único que ha hecho es consensuar con los empresarios. Amplios sectores estudiantiles se sumaron a la exigencia de que Delpiano presente su dimisión.

A su vez, la coalición de derecha calificó de irresponsable y mentiroso” el proyecto de ley de educación superior, pues de aprobarse, apuntó, lo que viene es la incertidumbre total por el mal manejo político del tema y el déficit económico que se le traspasa a los futuros gobiernos, a decir del senador Cristian Monckeberg.

De esta manera el proyecto de Bachelet, que mantiene la convivencia de universidades públicas y privadas, ha quedado lejos de la profunda reforma que se proponía en la materia y que prevalece como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), quien en su tiempo privatizó la enseñanza y la convirtió en uno de los sistema más caros y desiguales del mundo.

En Chile, los impuestos de matrícula en las carreras universitarias son muy elevados y tienen un costo anual promedio equivalente a 6 mil 700 dólares.