or regla general, cuando se produce un incremento de precios en los servicios, las autoridades del sector correspondiente cumplen con el requisito de informar a quienes han de pagarlo cuáles son las razones técnicas del mismo, y es usual que pongan el acento en un periodo previo al aumento en el cual los consumidores disfrutaron de una tarifa que, naturalmente, era inferior a la nueva. Tampoco es infrecuente que sitúen la subida en un marco económico mucho más amplio (que viene a ser el que en última instancia la determina) y dentro de un proyecto de desarrollo que exige eventuales esfuerzos de los ciudadanos. De tal modo, la medida –que por comprensibles razones difícilmente es bien recibida– va acompañada de una argumentación destinada a justificarla. En ocasiones, esa argumentación resulta más o menos consistente; en otras, omite algunos elementos que también forman parte de la realidad pero podrían emplearse para cuestionarla.
No constituye una excepción el anuncio hecho ayer por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de que a partir de julio las tarifas de la energía eléctrica para los sectores industrial, comercial y doméstico de alto consumo
serán objeto de incrementos en porcentajes variables (de 2 a 5, de 5 a 7 y de 6.8 respectivamente). El factor determinante para el aumento sería, según la propia comisión, los precios del combustóleo y del gas natural, que a su vez se elevaron en proporciones no previstas. Realiza la CFE, a continuación, varias consideraciones sobre el costo comparativo de los energéticos, la seguridad que ofrece el uso de los mismos y las perspectivas de sustitución que existen para cada uno.
Sin embargo, las disposiciones que afectan los precios de un insumo tan vital como la electricidad deben examinarse necesariamente en relación con datos tales como la situación económica prevaleciente en las áreas donde se aplican y los programas gubernamentales de los que forman parte, en especial cuando representan indicios de que las cosas no marchan precisamente en la dirección indicada. Al respecto, basta con remitirse a la declaración de propósitos en torno de la reforma energética, que el gobierno federal dio a conocer en la segunda mitad de 2013 –uno de cuyos puntos, concretamente el segundo, auguraba que “(…) bajará el precio de la luz y también del gas para las familias, los comercios y la industria”– para comprobar que entre dicha declaración y el anunciado aumento existe, por decir lo menos, una notoria contradicción. Y si a la nueva medida se le vincula con los incrementos aplicados al gas natural (en enero pasado) y a las gasolinas, resulta evidente que una de las reformas más celebradas por la actual administración no cumple con las expectativas de ésta.
En este punto conviene aclarar que, según datos de la CFE, la enorme mayoría de quienes usan energía eléctrica en México se hallan encuadrados en el llamado segmento doméstico de bajo consumo
, y en consecuencia no se verían afectados por el alza. Para ponerlo en términos más precisos, no serían directamente afectados, pues no se necesita demasiada agudeza para prever que si la industria y el comercio registran un aumento en uno de los servicios básicos para su funcionamiento, lo más probable es que acudan al infalible método de trasladarlo a sus precios.
Puede argüirse que la medida anunciada por la CFE constituye un dato aislado; pero en cualquier caso no se trata de un dato desdeñable, en un escenario económico donde la ciudadanía común, la gente que vive de su trabajo, está muy lejos de disfrutar del floreciente panorama prometido por las reformas.
