Washington.

La oficina del director nacional de Inteligencia de Estados Unidos (DNI), James Clapper, confirmó ayer informes revelados la víspera, según los cuales hasta 116 civiles murieron en 473 ataques de drones que fueron ejecutados entre 2009 y 2015 fuera de las zonas de guerra de Siria, Irak y Afganistán, en un informe con el que busca dar transparencia a las actividades del ejército y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para esas acciones antiterroristas.

Los ataques, realizados con drones, aviones y misiles, mataron entre 64 y 116 civiles, así como a 2 mil 581 combatientes en naciones como Pakistán, Libia, Yemen y Somalia, señaló la DNI.

Además, Obama firmó un decreto que ordena a las agencias implicadas en las ofensivas contra grupos extremistas adoptar precauciones máximas para reducir la probabilidad de víctimas civiles.

El texto explica que las autoridades deberán reconocer la responsabilidad de Estados Unidos en casos de víctimas civiles y dialogar con el Comité Internacional de la Cruz Roja, así como con las demás organizaciones no gubernamentales que operan en zonas de conflictos.

El informe fue divulgado el viernes, luego de cuestionamientos de diversas organizaciones y medios de prensa sobre la legalidad y el secretismo de esas operaciones castrenses. Los críticos sostienen que los ataques aéreos estadunidenses –especialmente con drones– dejan más víctimas de los que dicen las autoridades.

La Unión de Libertades Civiles de Estadunidenses expresó que el informe no elimina las dudas sobre la legalidad del uso de la fuerza militar.

Es difícil reconocer el mérito del balance de muertos del gobierno, que es más bajo que todas las evaluaciones independientes, comentó Hina Shamsi, directora del proyecto de seguridad nacional de la organización.

El gobierno mantiene en secreto las identidades de las personas que mató, las definiciones que aplica para decidir quién es un blanco legítimo y sus investigaciones sobre casos verosímiles de supuestas matanzas arbitrarias, sentenció.

Las cifras publicadas deben ser consideradas a la luz de las inherentes limitaciones en cuanto a poder diferenciar el número preciso de muertes de combatientes y no combatientes dados los entornos no permisivos en los que dichos ataques suelen suceder, señala en un texto.

Muchas veces, añadió, ni las fuerzas armadas ni los servicios de inteligencia pueden enviar una misión al lugar del ataque de un dron, lo cual hace casi imposible determinar de manera definitiva cuantas personas fallecieron.

Según Laura Pitter, asesora de Human Rights Watch en asuntos de seguridad estadunidense, será imposible verificar el balance de muertos mientras Obama siga sin explicar cuáles son las personas que Estados Unidos busca combatir y por qué, y en tanto las autoridades no ofrezcan detalles sobre las víctimas.