El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, acudió ayer al Senado para cabildear el apoyo al veto del presidente Enrique Peña Nieto a la ley 3 de 3, que elimina la obligación a personas físicas de presentar declaraciones patrimonial y de conflcito de interés.

Se reunió con senadores del PAN y, por separado, con el coordinador de los perredistas, Miguel Barbosa.

Castañón, representante de la cúpula empresarial, argumentó que se debe aprobar en sus términos la propuesta del jefe del Ejecutivo al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades, porque es pertinente y no salvaguarda ninguna responsabilidad que tenemos desde la empresa.

Muestra de ello, resaltó, es que el Código Penal impone sanciones de cárcel para funcionarios de compañías privadas, la prescripción de los delitos de corrupción para las empresas es a los siete años, y para los servidores públicos es de cuatro.

Existe la obligatoriedad para que las empresas reporten a la autoridad que investiga todo lo relacionado con la obra pública, licitación, concesión o los recursos públicos que haya recibido la firma, incluso secretos de tecnología tendrán que ser revelados a las dependencias correspondientes.

Insistió en que la manera como está redactado el artículo 32 de la ley referida es inoperante, porque 35 millones de mexicanos reciben apoyos de programas sociales, contratan con el gobierno prestándole algún servicio, iba a ser inoperante para las pequeñas compañías y a las personas que reciben recursos como becas del Conacyt, todo eso iba a bloquear el sistema.

Castañón subrayó que sería tal el cúmulo de información recibida que sería imposible de procesar e inhibiría el interés de empresas internacionales de brindar servicios al gobierno, porque sus empleados, proveedores y consejos de administración tendrían que presentar sus declaraciones patrimoniales.

Dejó claro que no van a insistir en que se reforme el artículo 29 de esa ley, ya que, precisó, hay un Comité Ciudadano que tendrá que decidir en qué términos se hacen públicas las declaraciones de los funcionarios.