En América Latina se ha establecido un patrón de criminalización y agresión hacia los defensores ambientales, que va desde la descalificación hasta la muerte, advierte Esperanza Martínez, directora de la organización ecuatoriana Acción Ecológica.

Señala que debido a que los recursos naturales de fácil extracción se agotaron, ahora se ha dado una expansión de las grandes empresas hacia territorios indígenas y áreas de conservación.

En entrevista, Esperanza Martínez, con tres décadas de activismo ambiental, detalla que las actividades de extracción industrial, ya sea minera o petrolera, son de alta escala y ocupan más territorio. América Latina es vista por las empresas como fuente de materias primas; tanto gobiernos progresistas como de derecha actúan en función de ello, y esto ha llevado a que se afecten territorios indígenas, áreas ambientales frágiles y parques nacionales.

Un caso gráfico es el del parque nacional Yasuní (en Ecuador), la zona más biodiversa del planeta, de donde se extrae petróleo, ejemplifica.

Agrega: estamos condicionados por los acuerdos comerciales de ventas anticipadas de petróleo para seguirlo sacando, independientemente de que sea o no negocio. Estos problemas se viven en toda la región.

Además, explica, los defensores ambientales enfrentan agresiones, que empiezan con un proceso de descalificación y estigmatización. Se les presenta como agentes que quieren frenar el desarrollo o quitar el pan de la boca a los pobladores. Después pasa a procesos de hostigamiento, amenazas; se crean sistemas de persecución por teléfono, correo electrónico, señales en las casas, todo el proceso de instalar el miedo en el cuerpo.

Se avanza a un patrón de judicialización, por el cual se les aprehende y se condena. En los códigos penales, el delito de sabotaje y terrorismo está ligado a la naturaleza y medio ambiente. Terrorista es el que no deja que les destruyan su territorio con una inundación para hacer una represa, señala.

Y otro paso dramático es la muerte selectiva, que se da mucho en Honduras, México, Colombia y esto es grave porque antes pensábamos que las personas que habían logrado cierto tipo de protección de la ONU, o en sus propios países, por ser muy conocidas estaban protegidas, pero ya no.

Recordó el caso de Berta Cáceres, asesinada en Honduras, lo que nos dice que la agresión contra los defensores ha subido de nivel y están expuestos a condiciones de riesgo de sus vidas.

Refiere que Amnistía Internacional apunta que el que murió fue estigmatizado, hostigado y probablemente con causas legales pendientes. No necesariamente es que hay que pasar por cada paso para llegar al nivel de riesgo.

Considera que en países como México y Colombia, el Estado aprovecha la existencia de la economía criminal del narcotráfico para acallar y silenciar a los defensores ambientales.

Para los intereses económicos y empresariales, esas presencias irregulares son usadas como excusa para cubrir agresiones. Te quedas en la duda de que si mataron a alguien por la violencia propia del narcotráfico o si fue una muerte dirigida, porque la persona estaba en contra de un interés empresarial.

Sin embargo, asevera, pasan cosas buenas. Hay regiones movilizadas en defensa de la naturaleza. La sociedad ha avanzado y entendido que ya no puede seguir destruyendo la naturaleza. Uno mira con ojos más cariñosos a pueblos indígenas y campesinos.