Unas 70 personas salieron a las 11:30 horas de este viernes de la funeraria de Pemex con el cuerpo de José Jesús Jiménez Gaona; el grupo serpenteó por calles de Poza Rica, Veracruz, y llegó al panteón de la Santísima Trinidad, en la carretera a Coatzintla, donde fueron inhumados los restos del activista asesinado la tarde del miércoles en una emboscada. Apenas una patrulla de la fuerza civil y una de la ministerial escoltaron el cortejo fúnebre, ya casi al final de la ceremonia.

Jiménez Gaona y su esposa Francisca Vázquez Mendoza –quien resultó herida de gravedad y permanece hospitalizada– se unió a la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidos para localizar a su hija Jenny Isabel Jiménez, de 23 años, ausente desde el 25 de mayo de 2011 en Poza Rica.

Él no encontró a su hija, pero halló la muerte, comentó en el sepelio Juan Carlos Trujillo Herrera, integrante del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, que a su vez es origen de la brigada. En Veracruz buscar la verdad se paga con la muerte, remató.

Trujillo Herrera conoció a Jiménez Gaona durante los trabajos para que la brigada –que en abril pasado localizó 15 fosas clandestinas en la región de Córdoba– pudiera moverse a otras regiones de Veracruz, específicamente en Poza Rica.

Para ellos, ese objetivo es importante, toda vez que allí no se ha implementado ninguna estrategia para atender los numerosos casos de desaparecidos.

En la Ciudad de México, Amnistía Internacional (AI) expresó una enérgica condena a la agresión contra los integrantes de la brigada y del colectivo, y demandó a las autoridades una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer los hechos.

Pidió a las autoridades aplicar las medidas necesarias para garantizar la integridad de Vázquez Mendoza, recordándoles que tienen la obligación de respetar los derechos de las víctimas y la labor legítima de los defensores y defensoras de derechos humanos.

AI recordó que el 15 de junio Jiménez Gaona fue designado, en una reunión con funcionarios federales y de Veracruz, observador de las actuaciones de la Fiscalía estatal, relacionadas con la investigación y búsqueda de desaparecidos en Poza Rica.

La primera junta donde estaría presente tras su nombramiento para tratar el tema, el jueves pasado en Poza Rica, se convirtió en un encuentro donde llovieron los reclamos por su homicidio.

En comunicación telefónica con Arely Gómez, titular de la Procuraduría General de la República, Trujillo le dijo que la muerte de Jiménez es una lamentable consecuencia de la desatención, omisión y falta de sentido humanitario de la dependencia.

Argumentó: cada vez que la PGR insiste en que los casos de desaparecidos sean investigados por gobiernos estatales nos pone en riesgo. Es obvio que cuando trabajamos con autoridades locales aumenta nuestra inseguridad.

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi también condenaron el ataque y responsabilizaron al Estado mexicano de la falta de seguridad para quienes buscan a sus familiares, en particular en Veracruz.