No vamos a permitir que se tire la basura de empresas en nuestra casa; la defenderemos a costa de lo que sea, advirtieron pobladores de Santo Domingo, Real de Catorce y Matehuala, en San Luis Potosí, a quienes se sumaron wixáricas y habitantes del municipio de Guadalcázar que lograron el cierre del tiradero tóxico ubicado en La Pedrera.

Afirmaron que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para impedir la construcción del confinamiento de residuos tóxicos de Palula, que ocupará 13 mil hectáreas en el predio Ojo de Venado, del ejido La Victoria, municipio de Santo Domingo. Llevaremos a cabo las acciones de resistencia civil, manifestaciones en la capital del estado y en la Ciudad de México, de ser necesario, para que nos escuchen, para defender nuestro derecho a la salud, al medio ambiente sano y a la vida. Estamos en defensa del territorio, apuntó Alma Rosa Hernández, del Comité en Defensa del Agua del Desierto de Real de Catorce.

Édgar Coronado Luna, del Comité en Defensa de la Vida de Santo Domingo, explicó que el empresario minero José Cerrillo Chowell falsificó firmas para obtener el permiso de cambio de uso de suelo, nunca sometió a consulta pública el proyecto y la manifestación de impacto ambiental presenta irregularidades, ya que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la rechazó en 2013 y un año después la aprobó, aunque no se le hicieron modificaciones.

De acuerdo con dicho documento, en el confinamiento se pretende recibir 3 millones 50 mil toneladas de desechos en los primeros tres años de su funcionamiento, y un millón de toneladas a partir del sexto, volumen que será depositado anualmente durante 25 años.

Desmintió la versión del empresario –propietario de Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas y presidente de la Cámara Minera de México en 2012– de que no hay actividades agrícolas ni pecuarias en la región, por ser árida. Subsistimos de la ganadería y la agricultura; no necesitamos un basurero tóxico para, como promete el empresario, tener carreteras, hospitales y un desarrollo.

Acompañados por el sacerdote Joel Donato Beltrán, de la Pastoral Social de la Diócesis de Matehuala, los quejosos apuntaron que el plan del tiradero tóxico se suma a las amenazas de megaproyectos mineros y eólicos en toda la región.

Sostuvieron que la oposición al confinamiento ha topado con chantajes y presiones gubernamentales y empresariales, así como mentiras sobre el efecto negativo que tendrá en nuestras tierras una cloaca de actividades industriales.

Agregaron que, de acuerdo con los investigadores del Colegio de San Luis Potosí, el área de posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Pro San Luis Ecológico, el basurero contaminará los mantos freáticos de la región; también están en riesgo las comunidades de La Calandria, La Merced, San José de los Quintos, Estación Catorce, Wadley, Margaritas y San José de Coronados, entre otros que se localizan en el área central del sitio sagrado natural de Wirikuta, pues les llegarán polvos contaminantes y escurrimientos en temporales de lluvia y vientos fuertes.

Asimismo, las comunidades y sus actividades de siembra, caza, recolección y pequeña ganadería estarán expuestas a diversos daños en su salud e integridad por el extractivismo minero y el basurero tóxico, advirtieron.