Familiares y agrupaciones de víctimas de desaparición exigieron a los gobiernos federal y estatal de Morelos comenzar las investigaciones de una tercera fosa clandestina en Tetelcingo, municipio de Cuautla.

Explicaron que esta exigencia se debe a que hay una diferencia entre los 117 cuerpos recientemente encontrados en las dos primeras fosas ubicadas en ese lugar, y los 150 cadáveres que autoridades estatales inhumaron en marzo de 2014, según información oficial entregada por la policía municipal de Cuautla.

En conferencia de prensa, en la que se dieron a conocer resultados preliminares de la exhumación de los 117 cuerpos de Tetelcingo, realizada hace un mes, denunciaron que el gobernador Graco Ramírez incurrió en delitos de encubrimiento, negligencia y obstrucción de la justicia, por lo que el mandatario y todos los funcionarios involucrados en la comisión de estos delitos deben ser investigados y sancionados.

Jesús Alejandro Vera, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), instancia que ha coadyuvado en las indagatorias, señaló que en las fosas de Tetelcingo no se cometió un error garrafal, como lo ha expresado el gobernador, sino que son actos criminales al inhumar personas ilegalmente en fosas clandestinas sin cumplir con los protocolos para la identificación.

Acompañado por familiares de víctimas, el rector señaló que esta práctica sistemática de desaparición en la que incurre el Estado, también se repite en Jojutla, otro de los municipios morelenses donde se encuentran otras fosas clandestinas en las que las autoridades estatales han depositado ilegalmente cuerpos de personas presumiblemente no reclamados.

De los resultados preliminares de la exhumación de las fosas de Tetelingo, se informó que algunos cuerpos no tenían necropsia de ley; otros habían sido mutilados y/o presentaban huellas de malos tratos, unos presentaban heridas por proyectil de arma de fuego, otros conservaban su ropa y pertenencias, fundamentales para la identificación y persecución del delito.

En estos últimos casos, la Fiscalía de Morelos nunca ha informado qué acciones llevó a cabo para dar con el paradero de los familiares. Además, 34 de esos 117 cuerpos exhumados no tenían o no estaban vinculados a investigación.