Diversas organizaciones civiles y centros de derechos humanos, nacionales y extranjeros condenaron los hechos de violencia ocurridos en varios puntos del estado de Oaxaca, en los que participaron las policías Federal y estatal; exigieron una investigación independiente, imparcial y transparente y señalaron que el diálogo y no la violencia de Estado debe ser el camino para resolver el conflicto magisterial.

En diversos pronunciamientos coincidentes, organizaciones como Amnistía Internacional México (AI), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (TDT), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), y el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, expresan su preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza durante las recientes protestas del magisterio, donde ya se registraron ocho muertos, más de un centenar de lesionados, de los cuales 45 resultaron heridos de bala, desaparecidos y decenas de detenidos.

AI México pidió que la investigaciones traigan consigo el debido juzgamiento de todos los servidores públicos y personas involucrados. Además, solicitaron que las declaraciones realizadas por las autoridades estatales y federales deslindándose de los hechos no sean utilizadas para socavar o distraer las indagatorias.

El control, apegado a normas

Aunque reconoció que las autoridades tienen la obligación de controlar el orden público y tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar los responsables por actos de violencia, estas medidas tienen que ser proporcionadas y apegadas a las normas internacionales de las garantías individuales. Al mismo tiempo deben asegurar el ejercicio de los derechos a libertad de expresión y asociación.

La Red TDT destacó que la CNTE, que representa la oposición a la reforma educativa, ha buscado establecer por distintos canales un diálogo con la autoridad para tratar de llegar a un acuerdo, el cual ha sido negado por el gobierno federal y ha afirmado que sólo lo hará cuando los maestros renuncien a sus principales reivindicaciones.

Paralelo a esta cerrazón, dijeron, el gobierno federal ha ejercitado acción penal en contra de diversos líderes de la coordinadora, con lo que se criminaliza la reivindicación de derechos y el ejercicio del derecho a la protesta.

Wola advirtió que lo ocurrido en Oaxaca muestra que las fuerzas policiales en México carecen de un marco legal apropiado, pese a que el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió al inicio de su gobierno a emitir una ley sobre el tema.