Cuernavaca, Mor.

El ex fiscal de Morelos y actual delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado de Durango, Rodrigo Dorantes Salgado, será citado a comparecer para que explique cuál fue su participación en la inhumación ilegal de al menos 119 cuerpos en las fosas del poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla, informó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Javier Pérez Durón.

Explicó que hay dos procedimientos en el citado asunto. Uno, dijo, es el proceso administrativo, y el otro las carpetas de investigación; en este caso ya tenemos una persona vinculada a proceso, se desempeñaba en servicios periciales en la región de Cuautla.

Reformulan imputaciones

Dijo que ya habían hecho una imputación contra la coordinadora del Servicio Médico forense del estado (Semefo), Ana Lilia Moreira, pero por las nuevas indagatorias, decidieron retirar esa acusación para reformularla.

Desde luego vendrán más responsabilidades de otros servidores públicos, (por eso) vamos a mandar a citar al ex fiscal general del estado (y actual delegado de la PGR en Durango), Rodrigo Dorantes, para ver cuál fue su participación en este asunto de las fosas.

41 asesinados con violencia

Ayer, Pérez Durón presentó el informe Asunto Tetelcingo, Cuautla, Morelos, en el cual se especificó que de los 117 cuerpos exhumados por peritos de la PGR, la Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEM) y la FGE en las fosas de Tetelcingo, 41 corresponden a personas que fueron ultimadas de manera violenta.

Reconoció que la inhumación clandestina realizada por trabajadores del Semefo de la región Cuautla no permitió la investigación de esos homicidios, y prometió que ahora que se exhumaron los cuerpos y fueron trasladados al panteón Jardines del Recuerdo, se continuará con la aclaración de esos crímenes.

Indicó que 12 restos estaban en nueve bolsas, que podrían ser de hospitales, por lo que esperarán unos cuatro meses para conocer el resultado de las muestras genéticas que se tomaron a los cadáveres para cotejarlas con personas que acudieron a la Fiscalía y a la UAEM en busca de familiares desaparecidos.

Sobre las acusaciones de familiares por su responsabilidad como funcionario de la FGE por la inhumación de los 119 cadáveres, entre ellos el de Oliver Navarrete y el de una maestra, ambos exhumados en diciembre de 2014, el fiscal Pérez Durón dijo que cuando eso ocurrió él trabajaba en una área administrativa del gobierno del estado.