En lo que será una segunda fase de incorporación de administraciones estatales al modelo de Ejercicios Locales de Gobierno Abierto, esta semana se sumarán 10 entidades a la instrumentación de medidas que pretenden involucrar más a las organizaciones sociales en acceso a la información, y en el diseño y puestas en práctica de las políticas gubernamentales.

Con la firma de un acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) se pretende incorporar no sólo a los poderes ejecutivos locales, sino en unos casos se añadirán a gobiernos municipales a este esquema de coparticipación entre autoridades y sectores sociales.

En meses pasados, 13 gobiernos estatales se adhirieron, en una primera etapa, al compromiso de adoptar prácticas de gobierno abierto. Hoy se agregarán otros 10 estados. Entre ellos destacan dos cuyas gubernaturas se renovarán en los próximos meses: Chihuahua y Sinaloa (en donde formalmente habrá una alternancia, tras los resultados de las elecciones del 5 de junio).

Asimismo, en el acuerdo se sumarán Campeche, Ciudad de México, Guerrero, México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Sonora.

En este contexto, en la instalaciones del Inai se pretende realizar una evaluación de los avances que se han tenido en la primera etapa de prácticas estatales de gobierno abierto.

En la primera experiencia se incorporaron Oaxaca, Durango, Morelos, Veracruz, Baja California, Puebla, Coahuila, Tlaxcala, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Tabasco y Chiapas.

Como parte de las áreas de mayor impacto donde las prácticas de gobierno abierto y la apertura a una mayor participación social podrían tener más incidencia en el rumbo de las políticas públicas, en las que destacan, por ejemplo, la ruta del gasto público, desde su asignación y diseño presupuestal hasta la verificación de su ejercicio efectivo en los programas consensuados entre gobiernos y sociedades.

Otros ámbitos relevantes que se incorporan en estos compromisos son las políticas ambientales –eventualmente involucradas en permisos de obra de impacto social y ecológico–, educación y obra pública.

En todos los casos, según el acuerdo que pretende firmarse entre Inai y las 10 entidades que se incorporarán, mediante capacitación a funcionarios públicos, se pretende identificar fortalezas y oportunidades; retos, desafíos y amenazas en la implementación de los ejercicios en cada entidad federativa.

Todos ellos estarían incorporados en una estrategia de cocreación entre gobiernos y sociedad, si bien en este modelo, en México recibirían el acompañamiento tanto del Inai como de los organismos garantes estatales que pretenderían dar impulso a estas estrategias como esquema complementario a las políticas de mayor transparencia en las instituciones.

En la lógica de la estrategia del Inai para impulsar la incorporación de todas las entidades en este modelo (faltarían Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Nayarit, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán), se pretende un empoderamiento social para que en el modelo de ejercicio de gobierno se adopten prácticas incluyentes y se atiendan realmente las prioridades sociales, a partir de un mayor intercambio gobierno-sociedad.