El nuevo sistema penal acusatorio que entró en vigor el sábado anterior, no resolverá los problemas de criminalidad, impunidad y corrupción que prevalecen en el país si no se incluye a jurados en los juicios y sin el cuidado correcto de la cadena de custodia y el debido proceso, advirtieron especialistas de diversas universidades.

Aunque los académicos reconocieron que el nuevo sistema representa un avance, consideraron que la justicia seguirá siendo una de las tareas pendientes del Estado mexicano.

Felipe Flores, Martín Millán y Jorge Raúl Fernández, profesores de derecho procesal y especialistas en juicios orales, coincidieron en que el reto principal es para policías y militares, pues fungirán como primer respondiente en el nuevo sistema penal, y en sus manos está el debido cuidado a la cadena de custodia.

El nuevo sistema privilegia el cuidado a las reglas del debido proceso y de la custodia, a grado tal que si se violan las mismas los procesados pueden quedar en libertad aun, eventualmente, siendo culpables de los delitos que se les imputan.

El académico Raúl Fernández opinó que el gran reto de esta reforma es democratizar el Poder Judicial, el cual es el más cerrado que históricamente ha existido en el Estado mexicano. Dijo que sin un sistema de jurados, como ocurre en Estados Unidos, será muy difícil conseguir la plena eficacia del mismo.

De su lado, Patricia Lucila González, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México aseguró que la implementación del sistema enfrenta el reto de las policías de investigación, las cuales aún no tienen la capacidad institucional para preservar las evidencias.

En un comunicado, González indicó que para que el sistema funcione el proceso penal acusatorio, así como las procuradurías y fiscalías, deben ser evaluadas constantemente de forma externa por ciudadanos y organizaciones civiles.

Añadió que hay grandes fallas en las entidades y el sistema federal, porque no se ha planeado adecuadamente cómo liquidar el sistema tradicional y lograr que la justicia de calidad que se pretende con el acusatorio, permanezca y se desarrolle.

Para Enrique Díaz Aranda, el modelo acusatorio sólo funcionará si no hay una reticencia de las autoridades a aplicar de manera estricta los principios del sistema. De no ser así, aseveró, sólo se tratará de una acción demagógica que pretende encubrir ciertas disposiciones o justificar decisiones políticas.