El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, criticó ayer que de último momento PRI y PVEM hayan introducido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas una cláusula para que particulares que reciban fondos públicos tengan que presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses.

Consideró que es una trampa vil, mediante la que se busca activar amparos contra la legislación y frenar el ímpetu de la exigencia ciudadana hacia la clase política. Dicho párrafo no sólo es una aberración técnica, sino un franco intento por torpedear el Sistema Nacional Anticorrupción, puntualizó Anaya en un comunicado.

Por su lado, el presidente del PRD, Agustín Basave, aseguró que el Sistema Nacional Anticorrupción se quedó muy corto, no sólo con la ley 3 de 3, sino también porque el nombramiento del fiscal anticorrupción, que debería ser autónomo, lo hará el presidente de la República, aunque lo ratificará el Senado.

Estimó que hay un vicio de origen, porque no habrá la autonomía necesaria para hacer el trabajo de una fiscalía; sería un fiscal muy probablemente vinculado al PRI-gobierno o por lo menos suficientemente disciplinado a él, como para que no pueda emprender las acciones que le correspondan.